El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) denunció hoy el uso “generalizado y sistemático” de “fuerza excesiva” contra quienes se manifiestan contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
A través de un comunicado, el organismo especificó que tras realizar entrevistas “a distancia”, llegaron a la conclusión de “la existencia de un patrón de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan allanamientos violentos de viviendas, torturas y malos tratos a las personas detenidas en relación con las protestas.”
La ONU señaló que a dfalta de respuesta de las autoridades venezolanas, debieron hacer el informe “a distancia, incluso desde Panamá, de la situación de derechos humanos del país”. La oficina de derechos humanos del organismo indicó que llevaron adelante 135 entrevistas, entre los que se encuentran manifestantes, familiares, testigos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos paramédicos y un funcionario de la oficina de la Fiscal General.
“Los testigos relataron cómo las fuerzas de seguridad habían disparado sin previo aviso gases lacrimógenos y perdigones contra los manifestantes antigubernamentales. Varias de las personas entrevistadas afirmaron que cartuchos de gas lacrimógeno fueron disparadas a corta distancia y que la policía usó como munición canicas, perdigones, tuercas y tornillos. Según las fuentes, las fuerzas de seguridad también habían recurrido al uso de fuerza letal contra los manifestantes.”, comunica la ONU.
Además, el Alto Comisionado consigna que los entrevistados involucraron en las represiones especialmente a la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, “así como los cuerpos de policía locales”, que “emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para presentar sus peticiones.”
Hasta el 31 de julio, la Oficina de la Fiscal General había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones. Según el análisis del equipo del ACNUDH, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados “colectivos armados”, serían responsables de otros 27 fallecimientos. En cuanto al resto de las muertes, aún no está claro quién las perpetró.
La ONU agrega que “los cálculos más fidedignos indican que desde el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas sufrieron detención arbitraria.”
La ACNUDH además destacó que en varios casos “hay indicios verosímiles de que las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura”.
