El gobierno de La Rioja informó hoy que desdoblará las elecciones provinciales de las nacionales. Un día después de la presentación que hizo la oposición local ante la Corte Suprema cuestionando la consulta popular que permitirá la rereelección, el gobernador, Sergio Casas, estableció la fecha de los comicios provinciales el 12 de mayo, a través del decreto 86.
En esa elección, los riojanos definirán gobernador, vicegobernador, 18 diputados provinciales, 18 intendentes y viceintendentes y concejales.
En la normativa, llamó a los partidos políticos reconocidos de La Rioja a “activar los mecanismos de selección interna, de modo que permitan la oportuna presentación de candidatos a la elección convocada, garantizando la igualdad real de oportunidades prevista en el artículo 81 de la Constitución Provincial”.
El llamado está fundamentado en el artículo 141 de la Ley Electoral Provincial, que establece que “la Función Ejecutiva Provincial convocará simultáneamente a elecciones provinciales y municipales”.
Según justifica el decreto, la convocatoria a elecciones para renovar las autoridades locales “debe efectuarse con una antelación mínima de 90 días a la fecha del comicio y se debe fijar fecha de elección, clase y número de cargos a cubrir, período por el que se elige, número de candidatos que se votan y la indicación del sistema electoral aplicable”.
Cambiemos y el Partido Justicialista, los dos principales partidos de La Rioja, anticiparon que no disputarán internas.
Por el PJ, el candidato a gobernador de unidad sería Casas, que se postularía para su rereelección gracias a la consulta popular del 27 de enero, que habilitó la reforma de la Constitución local para permitir presentarse como candidato en más de dos elecciones consecutivas.
Cambiemos anticiparon que tampoco harán internas y el actual senador Julio Martínez, de la UCR, sería el postulantes de ese espacio.
La presentación de los dirigentes de La Rioja Enrique Olivares, de la UCR, y Marcelo Wechsler, del PRO, que ayer recurrieron a la Corte Suprema de la Nación, requiere que se declare inválida la consulta popular que se hizo el 27 de enero en esa provincia.