El Senado llevó a cabo hoy la segunda ronda de exposiciones sobre la legalización del aborto, dominada por ponencias que se centraron en el “derecho progresivo” de las personas en gestación y el derecho a la objeción de conciencia.
Los juristas y médicos que pasaron por la reunión plenaria de comisiones de Salud, de Justicia y de Asuntos Constitucionales se centraron en esos dos ejes temáticos, en el marco de un debate que duró poco más de siete horas.
Constitucionalistas, juristas y expertos en derecho internacional como Alberto García Lema, Aída Kemelmajer, Andrés Gil Domínguez, Ricardo Gil Lavedra y Liliana Tojo se centraron en la discusión sobre el inicio de la vida y casi todos coincidieron en el concepto del “derecho progresivo”.
Kemelmajer, ex jueza de la Corte Suprema de Mendoza, explicó que en el sistema constitucional argentino “no se duda de que hay vida desde la concepción” y que “la vida se protege desde la concepción” pero “los derechos no son absolutos y pueden entrar en conflicto con otros derechos”.
Al respecto, explicó que “cuando entra en conflicto el derecho de la mujer con este derecho que tiene el feto desde la concepción” se aplica “el criterio de la progresividad” y precisó: “En el primer trimestre, que comprende hasta la semana 14 (de gestación), como el feto no tiene suficiente desarrollo, le damos más peso al derecho a la autonomía de la mujer. Cuando tiene más desarrollo, tendrá menor autonomía y deberá mostrar las causales”.
En el mismo sentido se expresó Gil Lavedra, quien tras manifestarse a favor de la legalización, afirmó: “No comparto el punto de vista de que hay un derecho de vida absoluto del embrión. Hay una cuestión incremental”.
Así también lo entendió Gil Domínguez, al sostener que “el derecho a la vida es un proceso de continuidad gradual” y abundar que “a partir de la semana 14 se le da más peso al derecho a la vida que a la decisión individual de la mujer”.
En cambio, el también constitucionalista Gregorio Badeni, que se expresó en contra de la legalización, sostuvo que “es importante tener en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico, guste o disguste, la vida empieza en el momento de la concepción”.
Los médicos invitados a exponer sobre el proyecto hicieron hincapié en el derecho a la objeción de conciencia contemplado en el proyecto, al que también se refirieron algunos de los juristas que participaron de la reunión.
La ginecóloga María de los Ángeles Carmona, quien habló en nombre del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, fue la primera en plantear que “la objeción de conciencia no debe ser plasmada en ningún registro público” y cuestionó que el proyecto “no permita ejercer la objeción de conciencia cuando hubiera un único médico disponible”.
“El reconocimiento de la objeción de conciencia no debe ser considerada como un incumplimiento de la norma sino como respeto a la persona en su individualidad. Debe ser institucional o individual, parcial o total”, agregó.
José Wechsler, de la Asociación de Médicos de la República Argentina, fue consultado por los senadores respecto de si el registro de objetores de conciencia podía funcionar como una “lista negra” y señaló: “Si es público sí. Estamos generando una nueva forma de limitar derechos para el trabajador médico”.
(Con información de NA)
