A las 14.22, 22 minutos después de la hora a la que fue convocada la sesión especial, el Senado consiguió quórum y empezó a tratar la autorización requerida por el juez federal Claudio Bonadio para allanar tres propiedades de la senadora nacional de Unidad Ciudadana Cristina Fernández, en el marco de la denominada “causa de los cuadernos”.
El de hoy fue el tercer intento en menos de un mes ya que, en la sesiones convocadas el 9 y el 15 de agosto, el oficialismo no logró reunir el quórum para avanzar en el tratamiento del pedido de Bonadio.
La ex mandataria llegó a las 13.30 al Congreso y participa de la sesión, que se prevé que se extienda entre cinco y seis horas.
El bloque de Unidad Ciudadana también aportó al quórum. No obstante, su titular ingresó al recinto una vez iniciada la sesión.
El Bloque Justicialista, que preside el senador Miguel Ángel Pichetto, fue el último en llegar.
En la lista de oradores, hay anotados 24 senadores y Cristina Fernández pidió la palabra y quedó en el lugar 22. Los último serán Pichetto y su par de Cambiemos, Luis Naidenoff.
El Senado aprobaría los allanamientos a la ex mandataria, pero los senadores deberán definir si aceptan las condiciones que planteó ayer la ex mandataria, en un nota presentada a la comisión de Labor Parlamentaria.
Cristina Fernández pidió que no haya cámaras de televisión durante los procedimiento, un senador o senadora elegido por ella actúe como veedor y que Bonadio “no rompa nada”.
Antes de la sesión, el senador del PRO Esteban Bullrich indicó que el oficialismo no aceptará los condicionamientos de la ex presidenta.
El PJ está dispuesto a autorizar los allanamientos requeridos pro Bonadio en las viviendas ubicadas en Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta; en la ciudad santacruceña de Río Gallegos y en la de El Calafate. Sin embargo, no aprueba el operativo en su despacho del Senado.
Tras la votación por el pedido de los allanamientos, el Senado pasaría al tratamiento del proyecto de ley sobre extinción de dominio.
La aprobación de la iniciativa está complicada ya que las principales bancadas no llegaron con un acuerdo.
El proyecto con despacho de mayoría es el del PJ, que contaría con el apoyo del Frente para la Victoria-PJ. Sin embargo, no lograría los dos tercios de los votos, por lo que deberá volver a la Cámara de Diputados, que, probablemente, vuelva a insistir en la iniciativa que aprobó en junio de 2016.
La principal diferencia entre el proyecto del PJ y el aprobado en la Cámara Baja, en junio de 2016, es que la iniciativa del peronismo establece que la acción de extinción de dominio se incorpore al Código Penal, con lo cual la enajenación de los bienes sospechados de provenir de una actividad ilícita estaría sujeta a la sentencia que se dicte en la causa penal.
En cambio, el proyecto impulsado por el oficialismo busca que la extinción de dominio se sustancie en un juicio paralelo, en el fuero civil y comercial, por lo que podría aplicarse con retroactividad a la sanción de la ley.
