La Unión Cívica Radical (UCR) impulsará un proyecto de ley para que los jueces y demás funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen impuesto a las Ganancias y buscarán insertar la discusión dentro del proyecto de Presupuesto 2019.
“Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin excepción, incluidos los cargos electivos de los poderes Ejecutivo y Legislativo y los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos”, establece el artículo del proyecto.
La propuesta surgió del Comité Nacional de la UCR y modifica el inciso “a” del artículo 79 de la Ley 26.628. Si bien los jueces que ingresaron al Poder Judicial a partir de enero de 2017 están incluidos en el régimen de impuesto a las Ganancias, son todavía pocos y la mayoría de los magistrados y empleados judiciales continúan exceptuados del tributo, de acuerdo con un fallo del juez federal en lo contencioso administrativo Esteban Furnari.
La iniciativa fue presentada hoy en la Cámara de Diputados y solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Hacienda, “que incorpore al Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal de 2019 la sustitución del artículo 79, Inciso a, de la Ley Nacional 20.628, que hasta el momento eximía a los empleados y magistrados judiciales”
El diputado nacional de la UCR Luis Borsani, que participó de la elaboración, confirmó que la propuesta cuenta “con el acompañamiento de legisladores de otras bancadas” y que aseguró que “hay una visión absolutamente compartida” por parte del interbloque Cambiemos.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR), impulsó la iniciativa al sostener que es “un privilegio muy grande” que el Poder Judicial no pague impuesto a las Ganancias.
“Es una gran desigualdad e injusticia que los jueces no paguen ganancias. Incluso, algunos jubilados pagan ganancias. Es un privilegio muy grande y queremos dar señales de cambiar esto”, apuntó el mandatario provincial.
Según la UCR, la AFIP pierde por la exención de ingresos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial el 0,06 por ciento del Producto Bruto Interno. En 2016, ese porcentaje representó 4.607 millones de pesos; en 2017, unos 5.759 millones y en 2018, 6.911 millones, indicó el radicalismo.
