La Cámara de Diputados convirtió hoy en ley el proyecto de financiamiento político que permite que las empresas privadas puedan aportar dinero a las campañas y bancariza esas colaboraciones, con el objetivo de que no haya fondos provenientes de actividades ilícitas.
El proyecto -que eliminó la prohibición que había al respecto- establece un modelo mixto por el cual los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus actividades y campañas electorales.
Uno de los puntos centrales es que los aportes privados deberán estar bancarizados para que se conozca la identidad de las empresas que realicen sus contribuciones.En ese sentido, la iniciativa fija que las personas jurídicas podrán aportar dinero con un tope del 2 % de los gastos autorizados por la ley.
Además, determina que no podrán realizar donaciones los entes estatales, los contratistas del Estado ni aquellos que exploten juegos de azar.Otro artículo clave es el que reduce en un 50 por ciento la obligación de ceder espacios gratuitos en la televisión por suscripción a los partidos políticos. En el año 2020 las empresas podrán computar a cuenta de impuestos nacionales el 50 por ciento de la cesión gratuita.
