Martilleros públicos y corredores inmobiliarios llevaron a cabo una protesta frente a la Quinta presidencial de Olivos para reclamar una “mesa de diálogo” para plantear una alternativa a la nueva ley de inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires.
“Queremos una mesa de diálogo urgente. Tratamos que el presidente nos reciba un petitorio en ese sentido, porque esto va a tomar un carácter nacional”, advirtió, en diálogo con el canal Todo Noticias (TN), el vicepresidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), Omar Porta.
La manifestación obstruyó el tránsito desde las 11 en dos carriles de la avenida Del Libertador. Según el sector inmobiliario, la ley 2.340, aprobada en la Legislatura porteña, es inconstitucional y atenta contra la actividad.
“Apoyamos el petitorio para que se revierta la ley. Hay bastantes errores, que van a traer un perjuicio al mercado, con el retiro de propiedades del alquiler a la venta”, indicó Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, en declaraciones a Diario Vivo. “El presidente ha dado demostración de que escucha. Acá, no se ha escuchado al intermediario ni al propietario”, agregó.
La normativa, que entró en vigencia la semana pasada, determinó que la comisión por alquiler a las inmobiliarias que actúan como intermediarias entre propietario e inquilino no deberá superar el 4,15 por ciento del contrato y correrá por cuenta de los dueños del departamento.
“Percibir honorarios por la actividad realizada y comisiones de su comitente según la retribución que libremente pacten. Para los casos de locaciones de inmuebles con destino habitacional, el monto máximo de la comisión a cobrar será el equivalente al 4,15 por ciento del valor total del respectivo contrato, a cargo del locador”, establece el artículo 11 de la ley.
Bennazar confirmó que desde la aprobación de la legislación, en agosto último, un 30 por ciento de las propiedades en alquiler pasaron a la venta.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria advirtió que la nueva legislación busca “intervenir el mercado de alquileres, poniendo el valor desde un organismo del Estado”.
Por otro lado, Bennazar advirtió que la modificación a la ley 2.340 elimina la figura del “comitente”, lo que perjudica a las inmobiliarias.
En Capital Federal, el 33 por ciento de las viviendas son alquiladas y hay al menos 120.000 vacías.
