La Justicia rechazó el amparo presentado por Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia que buscaba frenar la construcción de dos represas sobre el río Santa Cruz y ahora el Gobierno nacional está más cerca de llevar adelante el mega emprendimiento.
El juzgado Contencioso Administrativo nº 12, a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez, falló ayer en favor del rechazo del amparo e incorporó al procedimiento los estudios de impacto ambiental, las resoluciones las carteras de Ambiente y de Energía y la resolución efectuada luego de la audiencias pública que se llevó a cabo en el Congreso en julio pasado.
Mariano Aguilar, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, dijo en declaraciones a Diario Vivo que apelarán la resolución judicial y calificó al fallo como “un absurdo”. “Es una sentencia que está amañada a la presión del poder político y que refleja la poca independencia que tiene el poder judicial del poder político”, expresó.
La medida cautelar, presentada en 2016, había servido para que las obras se frenaran. La Corte Suprema de Justicia señaló que estas solo podían continuar si se cumplían los pasos dados por la ley de obras hidráulicas. En este sentido, el máximo tribunal indicó que, por un lado, debía realizarse un estudio de impacto ambiental y, además, una audiencia pública. Como ambas exigencias se realizaron, entonces la jueza entendió que la medida cautelar podía quedar sin efecto.
Aguilar cuestionó el estudio de impacto ambiental, y aseguró que este tiene “falencias”. “Estos emprendimientos no se hacen más en ningún lugar del mundo”, se quejó y agregó: “Vamos a hacer lo imposible para que esto se revierta”.
El amparo ambiental había sido interpuesto por la mencionada asociación contra el Poder Ejecutivo Nacional y contra la Provincia de Santa Cruz, con el objeto de que se ordene investigar y, en su caso, evitar el comienzo del proyecto programado para la creación de las represas.
El fallo emitido por la jueza Giménez detalla la labor llevada a cabo por los ministerios de Energía y Minería y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quienes desarrollaron un trabajo conjunto orientado a definir los criterios para en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).
La cartera Energía y Minería encomendó a la empresa estatal Emprendimientos Energéticos Binacionales SE (EBISA) la ejecución de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental.
Aun resta que la Justicia resuelva otra medida cautelar presentada por la Fundación Banco de Bosques.
