Garantizado por la Constitución Nacional, sucesivas leyes y convenios internacionales, el reconocimiento de la propiedad de las tierras a las comunidades originarias sigue siendo un conflicto irresuelto por el Estado.
El 23 de noviembre de 2017 volverá a vencer la ley 26.160, que declaró “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias”, para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) realice, en un plazo de tres años, un relevamiento técnico catastral de esos territorios.
La normativa establece que durante el período en que se realice el registro, se suspendan los desalojos en esos terrenos.
La legislación fue sancionada y promulgada en noviembre de 2006 y, como no se cumplió con el tiempo establecido, se prorrogó en 2009 y 2013. Este año vencerá la tercera postergación que tuvo la ley.
En su último informe sobre la gestión del INAI, que depende del Ministerio de Justicia, la Auditoría General de la Nación (AGN) recomendó promover una nueva prórroga ya que consideró incumplidos los objetivos.
Hasta septiembre de 2016, se relevaron 702 comunidades, lo que representa “el 74 por ciento respecto de los objetivos planteados en el inicio del programa (950 comunidades) y el 46 por ciento respecto del número de comunidades actualmente identificadas (1532 comunidades)”, según el informe de la AGN. “Ello significa que se han relevado alrededor de 7.829.750,5 hectáreas de las identificadas inicialmente (9.000.000 de hectáreas), lo cual representa el 86,99 por ciento“, precisó.
El organismo de control atribuye las demoras en el relevamiento a la falta de presupuesto, de coordinación con las provincias y de asesoramiento a las comunidades.
La AGN relevó que hubo provincias en las que “no hubo ejecución alguna” del programa de registro por incumplimiento de los convenios firmados. “Por lo cual, al acercarse el final del plazo, el INAI junto con el organismo designado en la provincia correspondiente, evaluaban suscribir un nuevo convenio o cambiar la modalidad de ejecución”, indica el informe.
La provincias que mostraron las mayores dificultades de ejecución fueron Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y Santa Cruz.
Según las conclusiones de la Auditoría, los “obstáculos” para la instrumentación del relevamiento de tierras originarias es la falta de asistencia a las comunidades en acciones judiciales y extrajudiciales, a pesar de que se creó el “Programa de Fortalecimiento Comunitario” con ese fin.
“Surge que 62 por ciento de las comunidades poseen conflictos territoriales y un 24 por ciento tienen o han tenido conflicto judicial asociado a la posesión de las tierras que ocupan”, apunta.
“La falta de autonomía presupuestaria opera en claro detrimento de sus posibilidades de actuación efectiva en todas aquellas situaciones que los afectan”, concluye el informe de la AGN.
La Auditoría destaca que, a pesar de que el INAI “no ha sido dotado con los recursos necesarios”, produjo “avances significativos” en el Programa de Relevamiento Territorial, que logró relevar 702 comunidades; en la constitución del Consejo de Participación Indígena, “con amplia representatividad y participación”, y en Programa de Restitución de restos indígenas, “que logró seis restituciones de restos”.
Desde el INAI, confirmaron a Diario Vivo que están “en proceso de cambio de autoridades”.
La protesta en la que habría participado Santiago Maldonado el 1 de agosto, en la localidad chubutense de Cushamen, volvió a poner de manifiesto el largo conflicto por las tierras originarias.
“Hoy en día, en los papeles, sobran los derechos y beneficios para las comunidades indígenas en la Argentina. No sólo se han sumado nuevas leyes después de la del ’85 y adherimos a convenios internacionales, sino que la propia Constitución Nacional reconoce la personería jurídica de los pueblos originarios, así como la posesión y propiedad no sólo de las tierras que tradicionalmente ocupan, sino de otras que les deben ser entregadas para permitir su desarrollo“, apuntó Jesús Rodríguez, uno de los auditores generales firmantes del informe, en un artículo publicado en su página web.
Rodríguez recomienda “una articulación inteligente con las comunidades y las autoridades provinciales”. “En un país cuya economía está fuertemente basada en la explotación de los recursos naturales, la tensión territorial crece de la mano de la deforestación, la expansión de la frontera agrícola y la mayor actividad hidrocarburífera y minera. Garantizar los derechos constitucionales de los pueblos originarios no sólo es un deber legal e histórico, sino que debe ser una prioridad a la hora de comprometerse a un plan de desarrollo sostenible para una patria inclusiva”, concluyó.
