La directora de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, se hizo eco hoy de las versiones sobre el estado anímico de Julio De Vido, detenido en la cárcel de Ezeiza, y consideró que “la depresión” del ex ministro de Planificación “no será tan grande como la tristeza profunda de los padres y familiares de los que murieron en la Tragedia de Once”.
Por otra parte, Alonso confirmó que causas por corrupción cómo las que involucran a De Vido “jamás deben terminar en un funcionario público” y, en tal sentido, sostuvo que “hay que buscar intermediarios, testaferros, personas interpósitas e, incluso, a las propias empresas que puedan haber autorizado pagos ilegales a través de figuras de terceros, que suelen los valijeros corporativos”.
Consultada por Radio Mitre respecto de los rumores sobre el ánimo decaído de De Vido, quien permanece en el hospital del complejo penitenciario de Ezeiza, Alonso advirtió que “perder la libertad es lo más terrible que le puede pasar a una persona, pero antes de cometer un hecho de corrupción hay que pensarlo dos veces” y remarcó que casos como este demuestran que en el país “la Justicia existe y no hay impunidad para nadie”. “Imagino que la depresión de De Vido no puede ser tan grande como la tristeza profunda de los padres y los familiares de los que murieron en la Tragedia de Once”, interpretó.
La jefa de la Oficina Anticorrupción, quien denunció ayer ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi una maniobra para comprar equipos para la mina de Río Turbio, señaló que es la Justicia la que debe determinar si hay “conectividad” con la causa principal por la que De Vido cumple prisión preventiva.
El diputado del Frente para la Victoria también está procesado en la investigación por la millonaria compra de barcos de gas natural licuado (GNL) entre los años 2008 y 2015 y, en este caso, el juez Claudio Bonadio sospecha que el ex funcionario K participó en el desvío de 6.900 millones de dólares en esos años.
De Vido también está en la mira de la Justicia por la tragedia de Once, la compra de trenes chatarra y las irregularidades en la concesión de la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez también detenido.
Cuando se le preguntó si la responsabilidad por la importación de gas licuado debe limitarse a De Vido, Alonso alertó que “la investigación debe involucrar a todos los que han participado” en esa maniobra.
“Después, en el marco de la investigación, se deberá determinar si hubo soborno o si hubo sobreprecio de parte del gobierno argentino y algún tipo de connivencia o no con intermediarios o empresas”, remarcó.
A juicio de Alonso, “este es un caso mucho más importante y de dimensiones internacionales que seguramente deba ser tratado no solo por la Justicia argentina sino por la justicia de otros países”.
Alonso recordó que la OA que preside se presentó como querellante en esta causa.
“Como la OA representa al Estado argentino en el grupo antisoborno de la OCDE, organismo internacional donde se reúnen más de 40 países y se comparte información y hay asistencia técnica sobre causas de investigación internacional, nos parece que es muy relevante que la OA participe en esta causa no solo por la participación de funcionarios públicos de la Argentina, sino por la posible participación de empresas multinacionales de otros países”, concluyó.
