La resolución 898/2017, publicada hoy en el Boletín oficial, formalizó la aceptación de la renuncia de Alejandra Gils Carbó a la Procuración General de la Nación, el 31 de diciembre próximo.
“Resulta pertinente proceder a su aceptación”, apunta la resolución en los considerandos.
“Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2017, la renuncia presentada por la señora doctora D. Alejandra Magdalena Gils Carbó (D.N.I. N° 12.600.466), al cargo de Procuradora General de la Nación”, establece la breve resolución.
La procuradora presentó su dimisión, a través de una carta elevada a Mauricio Macri, el lunes 30 de octubre.
Gils Carbó manifestó que resolvió renunciar “con la esperanza de que esta decisión disuada reformas que, amén del debilitamiento señalado, rompan el equilibrio que debe regir el sistema de administración de justicia”.
Luego de que se hiciera pública la notificación de la titular del Ministerio Público, desde el oficialismo manifestaron la intención de avanzar en la reforma de la ley orgánica que rige ese organismo, que entre otros puntos limitaría el mandato del procurador general y no permitirá el juicio político como mecanismo de remoción.
El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, es autor del proyecto que se debatirá desde el miércoles para reformar la Ley 27.148, sancionada en 2015. El tratamiento comenzará en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el senador del Frente para la Victoria Pedro Guastavino, convocada a las 13, en el Salón Illia.
La danza de nombres que circulan para reemplazar a Gils Carbó desde el 1 de enero van desde el jurista Alberto García Lema hasta los fiscales federales de Comodoro Py (Ricardo Sáenz, Guillermo Marijuan, Raúl Pleé, Carlos Rívolo), pasado por los jueces Ricardo Recondo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.
Ayer se sumó a la ronda de posibles postulantes el nombre del senador nacional Rodolfo Urtubey, ex juez y hermano del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.
El procurador general de la Nación debe ser propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado con el acuerdo de las dos terceras partes del Senado.
