Los hijos del presidente Jair Bolsanaro calificaron de “inconstitucional” y “dictatorial” la investigación abierta contra empresarios, periodistas y diputados federales oficialistas, por presuntamente haber montado y financiado una red ilegal de noticias falsas de la ultraderecha que llegaron a amenazar a miembros del Supremo Tribunal Federal.
“Esta investigación es inconstitucional, política y ideológica”, dijo Carlos Bolsonaro, principal asesor del presidente, concejal de Río de Janeiro a quien se le atribuye haber montado en el Palacio del Planalto una red llamada “Oficina del Odio”.
En Twitter, Eduardo Bolsonaro, diputado, acusó al juez Alexandre Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia judicial de Brasil, de haber tenido y una conducta “dictatorial” contra sus aliados.
“Los que creían que Brasil tendría medidas autoritarias a partir de las elecciones de 2018 acertaron, pero no contaban con que la orden dictatorial no vendría del presidente que ellos tanto acusan de dictador”, afirmó Eduardo Bolsonaro.
La operación, ordenada por el STF, sorprendió al bolsonarismo: las residencias de magnates y empresarios fueron allanadas en varios estados de Brasil, bajo la sospecha de financiar ilegalmente sitios generadores de mentiras contra reputaciones y amenazas contra jueces.
Están en la lista de investigados, pero no de los allanados, seis diputados federales que son la tropa de choque del presidente Bolsonaro en la Cámara de Diputados y en las redes sociales.
Se trata de Carla Zambelli, Bia Kicis, Daniel Silveira, Filipe Barros, Junior de Amaral y Luiz Phillipe Orleans e Bragança, descendiente de la familia real brasileña que gobernó hasta 1889.
Además, fueron allanados los despachos de dos disputados estaduales paulistas en la Asamblea Legislativa de San Pablo.
“Estamos viviendo un estado de excepción”, dijo Zambelli, quien pidió el juicio político del juez Alexandre de Moraes.
(Télam)
