El Consejo de la Magistratura ratificó hoy el acuerdo firmado ayer por el Ministerio de Justicia, la Asociación de Magistrados y los otras instituciones que representan a los funcionarios del Poder Judicial, que reglamenta y efectiviza el pago del impuesto a las Ganancias por parte de los jueces y empleados judiciales nombrados a partir del 1 de enero de 2017.
El convenio fue aprobado por unanimidad y establece que los jueces que provienen de la carrera judicial y que fueron designados a partir del 1 de enero de 2017 pagarán impuesto a las Ganancias desde el mes próximo.
Sin embargo, si se trata de un juez designado por carrera judicial, el gravamen no se aplicará sobre la totalidad de su sueldo, sino, apenas, sobre la diferencia entre el nuevo ingreso y el que cobrara antes del ascenso.
En cambio, los jueces que ingresaron a partir de enero de 2017 desde fuera de la carrera judicial, es decir, abogados que fueron designados magistrados, tendrán el peso del gravamen (35 por ciento) sobre la totalidad de sus haberes.
Según el fallo de la Corte Suprema que reestableció la validez de la aplicación de la ley 27.346, que establece que los magistrados, funcionarios y empleados judiciales que hayan asumido después del 1 de enero de 2017 deben tributar impuesto a las Ganancias, a los jueces designados antes de esa fecha no se les descontará el impuesto porque quedaron excluidos por la legislación
El acuerdo suscripto contó con el aval de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General, la Defensoría General y la Asociación de Magistrados, tras arduas negociaciones que se desarrollaron desde el fallo del máximo tribunal para reglamentar la ley.
La legislación fue suspendida por una medida cautelar presentada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que la consideran inconstitucional. Sin expedirse sobre la cuestión de fondo, la Corte Suprema revocó la medida cautelar el 27 de noviembre.
Por el corto alcance de la ley y la reglamentación, se presume que la aplicación del impuesto a las Ganancias al Poder Judicial afectará a poco más de un centenar de funcionarios judiciales, a los que se les descontará el gravamen sobre una pequeña porción de su salario total.
