El ex presidente y líder opositor brasileño Luiz Inácio Lula da SIlva quedó en el umbral de la detención y de la inhabilitación electoral, luego de que una cámara de apelaciones ratificara hoy, por unanimidad, su culpabilidad en el escándalo Lava Jato y le aumentara la pena hasta 12 años de prisión.
La decisión abre interrogantes a la serie de crisis que registra Brasil desde junio de 2013 y al propio proceso electoral de octubre, ante el cual el ex presidente Lula se presenta como favorito en las encuestas.
El tribunal, siguiendo al instructor Gebran Neto, aumentó la pena para Lula pero redujo a 3 años la del considerado corruptor, el empresario delator Leo Pinheiro, quien antes de declararse arrepentido había tenido una sentencia de 10 años.
El juez entendió que corresponde la prisión para el ex presidente en base a un fallo de 2016 del Supremo Tribunal Federal (STF, máxima corte), en el cual se afirma que alcanza con una condena de cámara para ordenar el encierro.
El escenario ahora se plantea extremo para Lula, debido a que el PT dice que será candidato y que lo inscribirá el 15 de agosto ante la justicia electoral.
En el frente penal, deberá buscar un habeas corpus y una apelación ante la corte de casación penal (El Supremo Tribunal de Justicia) y el STF.
En el plano electoral, deberá sortear la Ley de Ficha Limpia, que impide asumir a quien es condenado en dos instancias, pero eso puede llegar incluso después de la elección: una bomba de tiempo en todo sentido.
Los jueces aplicaron la teoría del dominio de los hechos, una línea penal alemana por la cual la suma de indicios más el cargo alcanzan para elevar la responsabilidad a un jefe político: fue la misma usada en 2012 contra el ex ministro José Dirceu en el escándalo mensalao.
Lula fue encontrado culpable de corrupción pasiva y lavado de dinero por haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá -valuado en US$ 1,2 millones- a cambio de garantizar a la empresa contratos con Petrobras durante su gobierno.
El ex presidente apeló la condena de Moro a tres años de prisión por encontrarlo culpable en primera instancia de que recibió un departamento en la playa de Guarujá, estado de San Pablo, como soborno de tres contratos de Petrobras que la constructora OAS.
(Con información de Telam)
