El presidente de la Nación, Mauricio Macri, buscó llevar confianza a los empresarios más importantes del país, reunidos en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), para que denuncien pedidos de “coimas” de parte de funcionarios públicos.
“No tengo pensado hipotecar mi gobierno ni el futuro de los argentinos para defender a nadie que actúe fuera de la ley”, aseguró Macri, en un mensaje a los empresarios de AEA, varios de los cuales son investigados en la causa a cargo del juez federal Claudio Bonadio, que investiga una presunta asociación ilícita con ex funcionarios kirchneristas para el desvío de fondos públicos destinados a la obra pública.
En la apertura del encuentro anual de AEA, el mandatario respaldó a los socios de las empresas más importantes del país, reunidos en el hotel Sheraton de Buenos Aires, para que acudan a él o a su Gabinete para denunciar un “pedido indebido”.
“Si alguno de ustedes, quiero ser bien claro, se encuentra con un pedido indebido, acá tienen un presidente al cual acudir y a un equipo de gobierno, ante el cual denunciarlo”, aseguró el mandatario.
“Estamos haciendo lo que hay que hacer para asegurar la transparencia, la institucionalidad”, agregó Macri, en otro tramo de su mensaje.
Entre los empresarios involucrados en la investigación de Bonadio, que se incorporaron a la causa como “imputados colaboradores”, están Aldo Roggio, de Grupo Roggio; Héctor Zabaleta, ex ejecutivo de Techint, la empresa de Paolo Rocca, y Eduardo Hugo Antranik Eurnekian, sobrino de Eduardo Eurnekian, de Corporación América.
También son investigados como “imputados colaboradores” el primo del presidente Ángelo Calcaterra, dueño de la constructora IECSA entre 2007 comienzos del año pasado, y su CEO, Javier Sánchez Caballero.
Roggio y Eurnekian admitieron haber pagado “coimas” para los ex secretarios del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta y Ricardo Jaime.
Calcaterra, en cambio, reconoció que los pagos a la gestión kirchnerista eran “aportes para la campaña”.
