La Jefatura de Gabinete quedó a cargo del Sistema Contrat.AR, la plataforma para la contratación y seguimiento de ejecución de obras públicas, que estaba bajo la órbita del Ministerio del Interior y Obras Públicas, a cargo del ministro Rogelio Frigerio.
“La Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Secretaría de Modernización Administrativa de la Jefatura de Gabinete tendrá nivel de Subsecretaría y será el órgano rector del Sistema de Contrataciones y Concesiones de Obras Públicas que lleven a cabo las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional”, establece el decreto 1169, publicado hoy en el Boletín Oficial.
Hasta hoy, el Ministerio del Interior era que el controlaba el sistema de contrataciones y concesiones, a través de la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública.
Allí deberán estar registradas en Contrat.AR todas las obras iniciadas o concesionadas antes del 29 de diciembre de 2016, en un “plazo máximo” que no podrá extenderse más allá del 1 de septiembre de 2019, “para el seguimiento de su ejecución.
Las contrataciones concesiones de obra públicas “que presenten un significativo grado de avance en la ejecución o cuando existan otras razones debidamente fundadas” quedarán exceptuadas de registrarse en el Sistema de Gestión Electrónica Contrat.AR.
El sistema electrónico fue diseñado para “la contratación y seguimiento de ejecución de las obras financiadas, total o parcialmente, con fondos del Tesoro Nacional, que ejecuten las provincias y los municipios”.
El decreto establece que los datos deben ser “abiertos”, con una “rendición de cuentas a la ciudadanía”, por lo que obliga a “arbitrar todos los medios necesarios para publicar en un plazo no mayor a 180 días y a mantener actualizada, a través del Portal Nacional de Datos Públicos, la información y documentación relevante sobre los procedimientos de selección y ejecución de contrataciones y concesiones de Obra Pública”.
En este sentido, la Oficina Nacional de Contrataciones deberá elaborar y publicar un “Programa de Gobernanza del sistema de contrataciones de Obra Pública y concesiones de Obra Pública”, que, entre otras cosas, identifique “las debilidades y factores de riesgo” de la plataforma y genera propuestas con modificaciones, “conforme a las mejores prácticas y estándares internacionales”.
“Dada la significancia de los recursos públicos afectados, la gestión adecuada de la obra pública tiene el potencial de desempeñar un papel de primer orden en el fomento de la eficiencia del sector público y como elemento que inspira confianza en los ciudadanos”, justificó el decreto firmado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y Frigerio.
La normativa señala que “el enorme volumen de dinero” destinado a obras públicas ronda entre “un 13 y un 20 por ciento del PBI, en promedio, según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”. “Se trata de un sistema que se encuentra particularmente expuesto al riesgo de mala gestión, al fraude y a la corrupción”, admite.
En sus “considerandos”, el decreto estima que el “costo económico de la corrupción” representa, en promedio, entre “un 20 y un 25 por ciento del valor de los contratos, derivando en impactos institucionales y macroeconómicos sustanciales para la Argentina”.
“Resulta necesario adoptar medidas conforme a los estándares internacionales de transparencia y eficiencia en las contrataciones públicas, entre los que se destacan los receptados por la Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública de la OCDE de 2015”, concluye.
“El Gobierno Nacional ha adoptado importantes medidas en línea con dichas recomendaciones, constituyendo aquéllas manifestaciones claras de su compromiso con la mejora de la eficiencia y la transparencia del sistema de contrataciones y ejecución de obra pública”, destaca el decreto.
