El hijo de Lázaro Báez, Martín Báez, se presentó esta mañana ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 4, luego de la intimación que recibió ayer para presentarse al juicio oral y público que se le sigue por lavado de dinero, en el marco de la causa denominada la “ruta del dinero K”.
El TOF dispuso su detención al considerar que puede peligrar “el recupero de los bienes que fueron el producto de los ilícitos” ya que advirtió sobre “la capacidad de Martín Antonio Báez de abrir cuentas y/o sociedades en el extranjero y así poder transferir y/u operar con fondos que podrían resultar el provecho del delito que se investiga y del que se desconoce su destino, sin la necesidad de cruzar las fronteras de nuestro país”.
Báez se puso ayer a disposición de la Justicia en Río Gallegos (Santa Cruz) y esta mañana llegó a la Capital Federal para concurrir a los tribunales ubicados en Comodoro Py 2002.
El hijo del dueño de Austral Construcciones tenía plazo para presentarse hasta las 8 de la mañana, bajo apercibimiento de ordenar su detención.
Los jueces del TOF Nº4, Néstor Costabel, Gabriela López Íñiguez y Adriana Palliotti, resolvieron su detención luego de que el fiscal, Abel Córdoba, requirió su detención en diciembre último, tras detectar que Báez retiró dinero de sus cuentas bancarias a pesar del embargo de 10 millones de pesos que pesa sobre él y eludiendo la inhibición judicial.
La maniobra fue denunciada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectó un movimiento de 5 millones y medio de dólares de cuentas en el exterior, violando el embargo y la inhibición judicial trabadoa en el marco del caso.
El Tribunal consideró que, por los movimientos efectuados en la cuentas desde 2015 hasta el segundo semestre de 2018, “queda claro que las medidas cautelares adoptadas a su respecto no resultaron suficientes para contener el riesgo procesal que este escenario implica”.
Además de Lázaro Báez y sus cuatro hijos (Martin, Leandro, Luciana y Melina), están acusados en el juicio oral y público por la “ruta del dinero K” una veintena de procesados, por lavado de activos a través de empresas off shore, cuentas en el exterior y compra de bonos.