La Justicia, con el auxilio de la Gendarmería Nacional, allanó durante más de siete horas la sede del Sindicato de Camioneros que conducen Hugo y Pablo Moyano, en una causa por presuntas irregularidades y asociación ilícita la barra brava y dirigentes del club Independiente, del cual es presidente el ex jefe de la CGT.
Las autoridades judiciales ordenaron la búsqueda de material de prueba para la causa, aunque el abogado de Camioneros, el ex juez Daniel Llermanos, afirmó que “es un allanamiento televisivo y no tienen idea de lo que buscan“.Hugo Moyano sostuvo ante la prensa que “si me tienen que meter en cana que me vayan a buscar a mi casa. Que lo hagan, me entrego, pero que no jodan a la gente que viene a atenderse. Si tienen motivos para que me metan en cana que lo hagan -repitió- no voy a disparar. Si Bullrich o Macri me quieren meter en cana ya estoy, me entrego, y después que se la banquen“.
Su hijo Pablo dijo por su lado que “esto es peor que los milicos, es un atropello y vamos a responder con una medida”. Añadió que “es una vergüenza: hay diez o 15 carros con 150 gendarmes“.”Acá no tenemos nada para esconder, el tema es que nos quieran plantar algo para tener una excusa para meternos en cana. Estamos retenidos con Hugo por 150 gendarmes”, insistió.
En esa causa por asociación ilícita impulsada por el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, se investigan, entre otros puntos, presuntos vínculos de Álvarez con los Moyano y otros dirigentes del club.Por ejemplo, Pablo Moyano está imputado como supuesto “jefe de una asociación ilícita” para defraudar a Independiente “mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y protocolos de acceso a los espectáculos deportivos”.
La conducción de la CGT repudió el allanamiento a la sede central del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca) que ordenó “una jueza de ‘Garantías’ de Avellaneda en el marco de una causa cuyas irregularidades denunciadas por anteriores magistrados parecen claramente armadas”,señaló, y calificó al hecho como “gravísimo”.
“Esa causa parece claramente armada para perjudicar a dirigentes que defienden los derechos de los trabajadores“, expresó un documento firmado por los jefes de la central, Carlos Acuña y Héctor Daer, y Julio Piumato, del área de Derechos Humanos.
(Con información de Telam)
