El juez federal Claudio Bonadio citó hoy al diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, a prestar declaración indagatoria el martes 23 de octubre, en el contexto de la causa de los supuestos sobornos en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
Máximo Kirchner, el hijo de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, deberá declarar ante el juez en Comodoro Py, donde ya lo hicieron días atrás el secretario de organización kirchnerista Andrés Larroque, el diputado camporista Eduardo De Pedro y el legislador bonaerense José Ottavis.
En esa oportunidad, Larroque entregó un escrito a Bonadio en el que ratificó su inocencia, defendió a la agrupación que lidera Máximo Kirchner e ironizó: “Desde que dejé la escuela no usé cuaderno alguno”.
También De Pedro presentó un escrito al magistrado, y tras asistir a Tribunales, consideró que Bonadio “se está tomando una revancha personal” en su contra por denunciarlo en el Consejo de la Magistratura.La relación de los dirigentes camporistas con la causa, al igual que la citación judicial de Máximo Kirchner, está fundamentada en la mención del ex secretario de Obras Públicas, José López, que los señaló como integrantes del circuito de los supuestos pagos ilegales, al declarar que, con ese dinero, “se financiaba a los chicos de La Cámpora”, desde el Ministerio de Planificación Federal.
Mientras se espera la decisión de Bonadio respecto de los miembros de La Cámpora, el magistrado ya dictó el procesamiento con prisión preventiva a la ex presidenta por considerarla “jefa” de una asociación ilícita en la causa sobre el supuesto pagos de coimas de empresarios a ex funcionarios por la obra pública, durante su mandato.
Además de la ex mandataria, el procesamiento también alcanzó a otros ex funcionarios kirchneristas del entonces Ministerio de Planificación, como Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, y a una gran lista de empresarios que se habían convertido en “imputados colaboradores” en la causa.
En la investigación de la causa, que se originó por las anotaciones en cuadernos del chofer Oscar Centeno, se comprobó, según el juez, que desde el Ejecutivo se armó un aparato para “procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado”.
