El gobierno mexicano endureció el tono de su reclamo a Bolivia por el asedio a que ha sido sometida en las últimas horas la residencia de su embajadora en La Paz, Teresa Mercado, donde se hallan refugiados varios ex colaboradores del renunciante mandatario Evo Morales.
El vicecanciller para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes, condenó en “enérgicamente” en declaraciones a medios locales, “el fascismo” del “autoproclamado gobierno de Bolivia” y dijo que “ni en las peores dictaduras se había visto esto”.
El presidente mexicano, Andrés López Obrador, evitó arrojar más combustible a la hoguera e incluso señaló que la “vigilancia extrema” de la sede diplomática “aminoró”, pero la tensión en las relaciones entre ambos países persiste.
El lunes, México denunció ante la Organización de las Naciones Unidas la acción en la que agentes policiales de Bolivia intentaron detener e inspeccionar el auto de la embajadora Mercado.
En una carta enviada a la ONU, la misión permanente de México ante el organismo indicó que desde el sábado último se reforzó la seguridad en la casa de la diplomática con unos 150 miembros de las fuerzas del orden y de inteligencia del ministerio del Interior. En la mansión se encuentran refugiados algunos de los 20 políticos opositores al actual gobierno de Bolivia, en espera de recibir un salvoconducto para viajar a México como asilados.
“Dichos elementos más que proteger han intimidado y vigilado el interior de las instalaciones, así como al personal diplomático mexicano acreditado ante el Gobierno de Bolivia”, lo que viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, señaló México ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Maximiliano Reyes responsabilizó a la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, de “la vida de nuestros funcionarios y de las 9 personas que se encuentran refugiadas en la embajada y la residencia”.
El objetivo central de la vigilancia es Juan Ramón Quintana, exministro de Gobierno de Morales y exembajador de Bolivia en Cuba, acusado de sedición, de terrorismo y de instigar las protestas recientes contra las autoridades. También está en la mira Wilma Alanoca, exministra de Cultura y Nicolás Laguna, exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación.
“Es una acción concertada en contra de México”, señaló el vicecanciller Reyes, quien dijo que el gobierno mexicano no ha podido tener comunicación con el gobierno interino de Bolivia. “No hemos tenido comunicación con ellos. No nos han respondido absolutamente nada en cuanto a nuestra petición de diálogo. Estamos esperando al encargado de negocios de Bolivia en México desde hace una semana y no nos ha respondido nada”, afirmó el funcionario.
“Estamos muy alertas y con los ojos puestos en proteger la integridad y la vida de nuestros funcionarios”, indicó. Por lo tanto, México solicitó al Consejo Permanente de la OEA distribuir la nota entre las otras misiones diplomáticas de los países miembros de la entidad y a la secretaría general para ponerlos en conocimiento de la actuación de las autoridades bolivianas.
Evo Morales, que estuvo un mes refugiado en México antes de partir a Cuba y luego a Argentina, tras su renuncia a la presidencia, denunció el lunes el uso de drones para vigilar la embajada de México en La Paz y rechazó el intento del “gobierno de facto” de cercar la misión.
La canciller boliviana, Karen Longaric, afirmó que no se actuará contra la dependencia diplomática mexicana en cumplimiento de la Convención de Viena, pero el asedio continúa.
La vicepresidenta de la Cámara de Diputados de México, Dolores Padierna, expresó su rechazo a la actuación del gobierno de Jeanine Añez y demandó que “respete cabalmente la inviolabilidad” de la representación diplomática.
El expresidente de Colombia Ernesto Samper protestó también “enérgicamente”, a través de Twitter, por el “asedio policial y paramilitar” de la embajada que cobija a “refugiados políticos perseguidos por la dictadura que derrocó a Evo Morales”.
(ANSA).
