Nicaragua: Amnistía Internacional denunció que existe un plan de represión letal contra estudiantes

Al menos 81 personas murieron desde que comenzaron las protestas contra una reforma impulsada por el gobierno de Daniel Ortega.

Un informe de Amnistía Internacional señaló que las autoridades en Nicaragua emprenden una represión contra los estudiantes universitarios caracterizada por el uso excesivo de la fuerza, que se suma a ejecuciones extrajudiciales, el control de los medios de comunicación y el uso de grupos parapoliciales para sofocar protestas en las que han muerto por lo menos 81 personas.

“Las autoridades nicaragüenses se han vuelto contra su propia gente en un ataque cruel, sostenido y —con frecuencia— letal a sus derechos a la vida, la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica. A continuación, el gobierno del presidente Ortega ha tratado descaradamente de encubrir estas atrocidades, violando el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, manifestó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La organización de derechos humanos reclamó, a través de un informe titulado ” Disparar a matar: Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua”,que cesen de inmediato los ataques a los manifestantes, particularmente a jóvenes estudiantes, y que se respete el derecho a protestar.

“El gobierno del presidente Ortega debe permitir la creación de una comisión internacional que lleve a cabo una investigación inmediata, imparcial y efectiva y, si procede, formular cargos contra todas las personas que sean sospechosas de cometer u ordenar ejecuciones extrajudiciales o uso excesivo de la fuerza, así como otras violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.”

En el informe, Amnistía Internacional documentó un gran número de personas heridas por arma de fuego, la trayectoria de los disparos efectuados, la concentración de heridas de bala en la cabeza, el cuello y el pecho de las personas muertas, y los intentos de obstaculizar la justicia y encubrir la naturaleza de los homicidios. Estos patrones llevaron a la organización a concluir que existen indicios de que la policía y los grupos parapoliciales cometieron múltiples ejecuciones extrajudiciales.

Las manifestaciones, encabezadas en su mayoría por estudiantes, empezaron el 18 de abril en respuesta a las reformas gubernamentales que subieron las contribuciones de trabajadores y empresarios a la seguridad social, y al mismo tiempo recortaron las prestaciones. Hasta el 28 de mayo, por lo menos 81 personas habían resultado muertas, 868 heridas y 438 detenidas en la respuesta de mano dura, y sumamente coordinada, a las protestas.

Según la organización, la estrategia de represión parece haber sido ordenada desde las más altas instancias del gobierno.