El detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se negó a declarar en la causa en la que se investiga si se pagaron sobreprecios en la compra de equipamiento e infraestructura para la producción de contenidos audiovisuales digitales en la Universidad Nacional de San Martín (UNSaM).
El suspendido diputado nacional de Unidad Ciudadana fue trasladado esta mañana desde el penal de Marcos Paz a los tribunales federales ubicados en Comodoro Py 2002 para responder a la citación indagatoria del juez federal Claudio Bonadio.
Los abogados del ex funcionario, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmiero, pidieron la postergación de la indagatoria alegando que están afectados al juicio en el que De Vido está procesado por su responsabilidad política en la llamada “Tragedia de Once”.
“El diputado nacional Julio Miguel De Vido, encarcelado ilegítimamente sin condena, se negará el día de hoy a declarar hasta haber podido tomar cabal conocimiento de los extremos que se imputan y las pruebas en la causa, comprometiéndose a aportar con posterioridad todos los elementos que desvirtúen así la insostenible denuncia realizada”, informaron, en un comunicado de prensa.
“Yo creo que hay un perjuicio patrimonial del Estado”, denunció Alessandra Minnicelli, la esposa del ex funcionario y diputado suspendido, por los costos que implica el traslado de su marido.
Rusconi y Palmiero presentaron un escrito para que el magistrado considere la posibilidad de tomarle indagatoria a De Vido por videoconferencia.
“Pareciera que es necesario revictimizar a una persona presa sin condena, conseguir la foto para los portales de noticias, quien sabe para tapar qué otras situaciones del panorama nacional”, sostuvieron.
En la puerta del edificio de los tribunales, decenas de militantes y dirigentes kirchneristas, como Andrés “Cuervo” Larroque, Horacio Pietragalla y Edgardo Depetri, esperaban a De Vido.
En la causa se investiga si la Universidad Nacional de San Martín ordenó la construcción de un laboratorio de medios y compró equipamiento tecnológico por “sumas muy superiores a las que correspondía a su precio de mercado” y con financiamiento del Ministerio de Planificación.
Las indagatorias alcanzan al ex funcionario de Planificación Luis Alberto Vitullo, al ex rector de UNSaM Carlos Ruta y directivos de las firmas Sistema de Video Comunicación S.A. y Urban Baires.
De Vido está detenido desde octubre pasado, en el marco de la causa en la que se investigan malversación de los fondos públicos destinados a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
(Con información de Télam)
