“No hay fondos públicos involucrados”, se defendió el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, en una entrevista en el diario La Nación.
Por ahora, el caso del funcionario se mantiene en la órbita de la Oficina Anticorrupción, que pidió “aclaraciones” al subsecretario y una serie de pruebas a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y a la Banca Privada de Andorra, para determinar si Díaz Gilligan declaró o no su participación en la empresa Line Action al asumir la función pública.
“Ni gané un centavo con esa plata. Ese monto es el que estuvo depositado en la caja en algún momento, pero lo que no se dijo es que en aquel momento los gastos y las deudas de la sociedad equivalían más o menos el mismo monto. El patrimonio inicial de la sociedad era de 10.000 libras (esterlinas)”, explicó el subsecretario de la Presidencia.
Díaz Gilligan indicó que presentará un escrito en la Oficina Anticorrupción. “En los próximos días vamos a contar con toda la documentación, decidí salir de la sociedad antes de ingresar a la función pública”, afirmó.
El funcionario explicó que su rol en Line Action “era de búsqueda de esponsoreo deportivo”. Díaz Gilligan era socio de el representante de futbolistas Francisco “Paco” Casal, que era el que se ocupaba de “las ventas”, según apuntó el subsecretario.
“A principios de 2013, cuando veía que podía ingresar a la función pública, le dije a Paco `yo salgo´”, afirmó. “No hubo intención de ocultar nada, no era dinero mío ni había ganado nada con eso”, agregó.
Según su declaración jurada de 2016, Díaz Gilligan tenía un auto Toyota modelo 2012; una chacra en Pueblo Edén, a 45 kilómetros de Punta del Este, y unos 300.000 dólares en efectivo.
La polémica se desató el viernes último, tras una investigación publicada por el diario El País de España, que reveló que el subsecretario de la Presidencia administró, hasta noviembre de 2014 y mientras era funcionario del Gobierno porteño, una cuenta en Andorra de la sociedad Line Action, con 1.200.000 dólares.
Desde la UCR y la Coalición Cívica, pidieron que el funcionario se aparte de su cargo y se presente ante la Justicia.
