El gobierno nacional oficializó la decisión de congelar nuevas designaciones para la Administración Central hasta fin del año que viene y de reducir en un 30 por ciento los gastos de movilidad y comida hasta diciembre de 2018. El decreto 632, publicado hoy en el Boletín oficial.
“Las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional, con excepción de la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excluido el personal civil de las citadas fuerzas, no podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias, hasta el 31 de diciembre de 2019”, establece la normativa.
La medida fue anticipada el 1 de junio por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el de Modernización, Andrés Ibarra, como parte del plan para cumplir el compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir el déficit fiscal.
“Se requiere instrumentar diversas acciones que permitan brindar respuestas eficientes con la asignación de los recursos disponibles. Las medidas propiciadas se inscriben en ese marco, teniendo como fin una Administración Pública más eficiente y eficaz”, argumenta el decreto para sostener las medidas.
El decreto establece que los convenios vigentes de servicios de asistencia técnica entre dependencias del Estado Nacional y universidades nacionales, provinciales o privadas y otras instituciones de enseñanza pública “quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019”. Tampoco se podrán celebrar nuevos convenios a partir de la entrada en vigencia del decreto.
El pago de bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales, en dinero o en especie, hasta fin de año deberá ser informado en los próximos 30 días a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector público, para que dictamine “respecto de la procedencia e impacto presupuestario de la bonificación, premio, incentivo o suplemento de que se trate”.
Al mismo tiempo, el decreto prohíbe la instrumentación de “nuevos beneficios” hasta el 31 de diciembre de 2019 por parte de las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional.
Con respecto a los funcionarios públicos, el decreto establece que las dependencias del Estado deberán remitir en los próximos 30 días el pago por servicios extraordinarios, gastos de movilidad, gastos fijos de movilidad, reintegro por gastos de comida y viáticos al Ministerio de Modernización para que “contemple y avale su cumplimiento y se prevea una disminución del 30 por ciento en tales conceptos para lo que resta del ejercicio presupuestario en curso“.
“El secretario de Hacienda podrá limitar las cuotas presupuestarias correspondientes a las referidas erogaciones”, establece la normativa.
La decisión del gobierno también establece que sólo los funcionarios con “nivel de ministro o superior” podrán “utilizar pasajes en clase ejecutiva, debiendo contar con la previa conformidad del Jefe de Gabinete de Ministros”, para trasladarse al exterior, para misiones o comisiones de carácter oficial.
“En el caso del traslado de funcionarios con rango de Secretario, sólo podrán utilizarse pasajes en clase ejecutiva para viajes de duración mayor a ocho horas, debiendo contar con la previa autorización del titular de la jurisdicción o entidad de la que dependan”, aclara el decreto.
Para la autorización de viáticos y gastos de pasajes, cada jurisdicción o entidad del Poder Ejecutivo deberá informar a la Jefatura de Gabinete en los próximos 15 días, junto con un plan de “disminución del gasto por dichos conceptos del 30 por ciento para lo que resta del ejercicio presupuestario en curso”.
La nueva normativa también encomendó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado efectuar un relevamiento de vehículos de uso oficial y la elaboración de un informe de “flota óptima” para cada organismo, “a los efectos de su posterior transferencia o enajenación según criterios de razonabilidad y austeridad”.
También se suspenden los procesos en curso “de adquisición o alquiler con opción de compra de vehículos destinados a uso oficial hasta la finalización del relevamiento”.
Además de aplicar reducción del gasto público en contrataciones, nuevos beneficios, convenios con universidades, viáticos y vehículos de uso oficial, el decreto 632 convoca a las dependencias de la Administración pública nacional los organismos descentralizados a presentar un “proyecto de optimización” de su estructura.
En este sentido, la normativa ordena que, en un plazo de 60 días, los organismos descentralizados del Estado nacional remitan a la Jefatura de Gabinete “un proyecto de optimización de su estructura organizativa”.
También convoca a que las dependencias del Estado Nacional remitan “la estructura orgánico funcional, el régimen de empleo y de contratación de servicios personales aplicable, la estructura salarial, régimen de compensaciones y la planificación de gastos en personal prevista para el ejercicio 2019 a los efectos de realizar una evaluación integral en el marco del objetivo de equilibrio presupuestario“.
“Invítase al Poder Judicial de la Nación, al Poder Legislativo Nacional, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas similares a las establecidas en el presente decreto, en el ámbito de sus propias competencias y jurisdicciones”, convoca el decreto, en sus últimos artículos.
