El juez federal Daniel Rafecas hizo lugar a la medida cautelar presentada la semana pasada por la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Energía y la Procuración del Tesoro de la Nación para suspender el trámite en el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por los reclamos indemnizatorios de la constructora brasileña Odebrecht contra el Estado Nacional.
La demanda por una indemnización de unos 1.500 millones de pesos fue iniciada por Odebrecht, contra la firma del estatal Grupo Nación, tras la decisión del Ministerio de Energía de revocar los contratos para el Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008, adjudicados a la compañía e investigados por la Justicia frente a la sospecha de corrupción.
Rafecas incluyó cualquier otro reclamo que la compañía pueda iniciar en el futuro por contratos de construcción o fideicomisos de gas, hasta que concluya la causa penal por irregularidades en la adjudicación de las obras para la ampliación de gasoductos.
“Existe un grado de sospecha suficiente acerca de la hipótesis delictiva y, por ende, de la ilicitud de las maniobras que derivaron en las contrataciones mencionadas”, indicó el magistrado en su resolución. “Si el proceso arbitral continuara, podría dictarse un laudo que obligue directa o indirectamente al Estado Nacional a hacerse cargo de una indemnización derivada de contrataciones que habrían sido producto de las conductas que se investigan en ésta y otras causas y respecto de las cuales existe ya una probabilidad positiva de que ocurrieron, al menos en este proceso”, agregó.
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El 6 de junio último, la Oficina Anticorrución, que conduce Laura Alonso, y las otras dependencias del Estado habían solicitado a la Justicia que suspenda el reclamo de Odebrecht contra el Estado por 1.500 millones de pesos.
La medida fue solicitada con carácter de “muy urgente” para evitar un perjuicio económico a la administración pública.
“Considerando el estado procesal en el que se encuentran las actuaciones penales, todavía restan instruirse, debatirse y resolverse cuestiones que se omitirían total y/o parcialmente en el proceso arbitral, si este continuara, quitándole así al demandado, herramientas fundamentales, tanto para defenderse del reclamo como para reconvenir”, apuntó Rafecas.
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Por el “caso Odebrecht”, fueron condenados varios directivos de la compañía en Brasil y son investigados funcionarios de ese país y de otros, por el presunto pago de sobornos para obtener contratos para la construcción de obras públicas.
La constructora reconoció ante la Justicia de Estados Unidos que en Argentina pagó 35 millones de dólares.
En marzo último, Rafecas procesó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; al ex secretario de Energía Daniel Cameron y a los ex subsecretarios de Energía Eléctrica y de Combustibles Bautista Marcheschi y Cristián Alberto Folgar, respectivamente, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
