La fiscal federal Paloma Ochoa quedará a cargo de revisar e impulsar o desistir de la denuncia contra el secretario de Energía, Javier Iguacel, por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”.
La presentación fue realizada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, tras la resolución de la Secretaría de Energía, que el viernes último habilitó a la distribuidoras de gas a cobrar un “recargo” para compensar los 10.000 millones de pesos que perdieron con la devaluación del peso entre abril y septiembre de este año.
La denuncia recayó en el juzgado a cargo de María Servini, que derivó el expediente a la fiscal Ochoa.
El fiscal Marijuan consideró que la medida provoca “un perjuicio al patrimonio de los consumidores”. “Mediante el dictado de la resolución se genera una compensación a favor de las empresas contratistas y distribuidoras del servicio de gas, incrementando el costo mensual del servicio a usuarios y consumidores”, indicó.
Por su parte, en declaraciones públicas, Iguacel aseguró que “todo lo que se hizo está dentro de la ley”.
Según el gobierno nacional, las tarifas de gas mantienen un recomposición semestral y, según una ley de 1992, la actualización se calcula en base a la diferencia de precio diaria entre lo que las empresas distribuidoras pagaron a las productoras y lo que cobraron al usuario. La legislación contempla que si el tipo de cambio sube más de 20 por ciento en el transcurso de esos seis meses, el ENaRGas debe hacer una recomposición inmediata porque, de lo contrario, el descalce de las distribuidoras entre el valor que pagan por el gas y el que cobran no llega a cubrirse.
