Perú amaneció hoy con una de sus principales rutas bloqueada por trabajadores metalúrgicos, que reclaman al Gobierno que les traspase una empresa que amenaza con cerrar y dejar en la calle a 2.500 trabajadores.
El corte de la Carretera Central se suma a otro iniciado el lunes en la ruta Panamericana por peones rurales que reclaman la derogación de una de ley que los obliga a trabajar un número indeterminado de horas diarias por un salario de explotación.
Trabajadores de una fundición de minerales interrumpieron el tránsito en la Carretera Central en La Oroya, un pueblo minero situado 175 kilómetros al este de Lima y a 3.750 metros sobre el nivel del mar.
“La Carretera Central se encuentra totalmente bloqueada”, dijo el Canal N de televisión, que mostró imágenes de neumáticos encendidos y piedras sobre esta ruta que conecta a la capital con la sierra central del país.
El Complejo Metalúrgico Doe Run Perú está en vías de liquidación, lo que dejaría unos 2.500 desempleados en La Oroya, según medios locales. Los trabajadores buscan que el Gobierno les traspase la empresa a ellos para retomar la producción y salvar sus empleos.
La Carretera Central fue cerrada por los obreros metalúrgicos cuando se cumplían cinco días de bloqueos de la carretera Panamericana en las regiones agrícolas de norteña La Libertad y la sureña Ica, por parte de trabajadores de empresas agroexporotadoras, que exigen mejoras salariales, entre otras demandas.
Un trabajador rural de 19 años murió ayer al recibir un disparo en Virú, 490 kilómetros al norte de Lima, mientras la policía trataba de despejar la Panamericana, en el primer conflicto laboral bajo el nuevo Gobierno del presidente Francisco Sagasti.
Los bloqueos comenzaron el lunes pasado en Ica, 250 km al sur de Lima, donde cientos de camiones y colectivos continúan varados en la Panamericana, que cruza de norte a sur del país desde la frontera ecuatoriana hasta la chilena.
El Ministerio de Salud informó que hubo 44 heridos ayer en disturbios en la Panamericana, 37 en Ica y siete en La Libertad.
Los trabajadores rurales exigen mejoras salariales y la derogación de la ley de Promoción Agraria de 2000, aduciendo que los priva de derechos y limita sus ingresos.
(Télam)
