Los dirigentes de La Rioja Enrique Olivares, de la Unión Cívica Radical (UCR), y Marcelo Wechsler, del PRO, recurrieron a la Corte Suprema de la Nación para que declare inválida la consulta popular que se hizo el 27 de enero en esa provincia y que avaló la enmienda de la Constitución provincial que permite la rereelección.
Los legisladores provinciales presentaron una acción de amparo y reclamaron al máximo tribunal que actué como “guardián” y “garante” del sistema representativo y republicano que establece la Constitución Nacional frente a la “fraudulenta maniobra” del gobernador de La Rioja, Sergio Casas, que impulsó la reforma constitucional.
Uno de los abogados patrocinantes, Mariano Genovesi, sostuvo: “es el fraude más gigantesco del que se tenga memoria en la historia reciente”. “Los tres poderes constituidos de la provincia se confabularon para llevar adelante un plan destinado a burlar la soberanía del pueblo de La Rioja y modificar a su antojo la Constitución, para adecuarla a las necesidades de un sector político”, agregó.
“Convalidar este escándalo jurídico constitucional, equivale a sumir a la provincia de La Rioja en una debilidad institucional tremenda ya que la Constitución podrá ser reformada por cualquier mayoría circunstancial”, explicó.
Olivares y Wechsler habían presentado un recurso de amparo antes de la consulta popular, para que se declare inconstitucional y se suspenda la convocatoria. Pero la Corte consideró que no correspondía, por lo que la consulta, en la que ganó el “sí”, tuvo lugar el 27 de enero.
“Estamos requiriendo que la Corte dicte un fallo final en la causa consistente en declaración de invalidez de la enmienda a los artículos 120 y 171 de la Constitución de La Rioja y así repare el daño causado al sistema republicano”, indicaron.
Los legisladores recordaron que el diputado provincial del PJ Lázaro Fonzalida cometió el “sincericidio” de admitir que se organizó la consulta en enero para que no hubiera muchos elecciones por las vacaciones.
“La inmensa mayoría no concurrió a las urnas”, alegaron los legisladores. “Sólo una minoría del 25,58 por ciento del patrón ratificó la enmienda constitucional”, precisaron en la presentación ante la Corte Suprema.
“El Superior Tribunal (de la provincia) ya convalidó el fraude de modo definitivo, por lo que no puede obligarse a seguir un tortuoso y complejo proceso que insumiría un tiempo prolongado de modo inútil”, justificaron los dirigentes, para recurrir a la Corte Suprema, en lugar de a la justicia local.
“El daño puede ser irreparable”, advirtieron Olivares y Wechsler. En este sentido, argumentaron que si el máximo tribunal del país no interviene tendría lugar un proceso electoral “con reglas de juego fijadas inconstitucionalmente” y con un candidato a gobernador “que no se encuentra habilitado para postularse”.
Desde el oficialismo denuncia que la reforma constitucional fue impulsada por Casas para habilitarse una nueva candidatura a gobernador.
