El fiscal Gerardo Pollicita requirió elevar a juicio oral al sindicalista Omar “Caballo” Suárez y otros diez procesados, en la causa en la que está procesado por asociación ilícita, coacción agravada y administración fraudulenta.
El fiscal presentó el requerimiento de elevación a juicio en plena feria judicial. Según el dictamen, Suárez “organizó una maniobra delictiva consistente en exigirle ilegítimamente a distintas empresas del sector naviero, en concepto de
donaciones o liberalidades, sumas dinerarias presuntamente destinadas a
capacitar a los marineros afiliados al SOMU”.
La investigación judicial determinó que los fondos eran desviados a la empresa “San Jorge Marítima”, de la que Suárez era vicepresidente, y engrosaron el patrimonio personal de los acusados.
“Los imputados actuaron con la doble finalidad de dañar las economías del
SOMU y la OSPM (la obra social) obteniendo, a través de ello, indebidas ventajas patrimoniales para la asociación ilícita encabezada por Suárez y, principalmente, para el patrimonio particular del nombrado”, afirmó el dictamen de la fiscalía.
Pollicita hizo la presentación hoy en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa. El magistrado cerró la etapa de instrucción a fin de año y notificó a la Fiscalía para que manifieste su posición. Lo mismo deberá hacer la defensa de los acusados.
El desplazado secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) está detenido con prisión preventiva desde septiembre de 2016. El 29 de diciembre le concedieron el arresto domiciliario y está en la casa de su hija, en Olivos. Pollicita apeló la decisión y espera el fallo de la Cámara Federal.
El fiscal pidió la elevación a juicio parcial para que continúe la investigación sobre otros aspectos y responsables de las maniobras. En este sentido, señaló que está pendiente una pericia contable a cargo del área de Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública.
Las maniobras investigadas se perpetraron en 2008, cuando comenzaron las
importaciones de gas licuado mediante buques metaneros. Las empresas
debían gestionar el llamado “waiver”, permiso para obtener tratamiento de
buque nacional, y el sindicato reclamaba el pago para “capacitar a los marineros afiliados al SOMU en una escuela del sindicato”.
El “canon” es pagaba a cambio de que los empleados no bloqueen “el ingreso de las embarcaciones a los puertos nacionales mediante negativa a remolque”.
“Se encuentra acreditado que, entre 2010 y 2012, habrían ingresado a San
Jorge Marítima S.A. cinco millones de dólares como capacitación por
cursos”, concluyó el fiscal. La empresa “sobrefacturó” servicios al SOMU y otras entidades dirigenciadas por Suárez, que no estaban destinadas al sindicato.
En la obra social, desde septiembre de 2015, el padrón de afiliados estuvo “sobredimensionado” con más de 2.300 afiliados, lo que representó un perjuicio económico de 1,8 millones de pesos. También se autorizaban a “irregularmente prestaciones médicas.
Este viernes, los camaristas Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah escucharán al abogado de Suárez, Carlos Broitman, para resolver se confirman o revocan el arresto domiciliario.
Suárez enfrentará su primer juicio oral y público desde el 23 de febrero en la causa en la que está procesado por lavado de activos y entorpecimiento de las vías navegables.
(Con información de Télam)
