Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron al juez Julián Ercolini que eleve a juicio oral y público la causa por asociación ilícita y fraude a la Administración pública por la manipulación de la concesión de contratos de obras públicas en Santa Cruz.
La senadora nacional Cristina Fernández y al ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y los empresarios Lázaro Báez, entre otros, son los procesados en la causa.
También están involucrados el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y a Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.
Ercolini tiene los requerimientos de elevación a juicio de los querellantes y ahora pedirá opinión a las defensas de los imputados.
Una vez cumplido ese paso, el juez estará en condiciones de definir si eleva la causa a juicio oral y de remitir el expediente sorteo para que se determine el Tribunal Oral Federal que llevará a cabo el proceso.
Se trata de la segunda causa en la que Cristina Fernández podría ser sometida a juicio oral y público. La primera es la llamada “venta de dólar futuro”, en la que la actual senadora y ex mandataria está procesada por perjuicio al Estado.
En la investigación por el direccionamiento de los contratos de obra pública en Santa Cruz, Cristina Fernández fue procesada el 27 de diciembre del año pasado por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada en perjuicio de la Administración Pública, con un embargo de 10.000 millones de pesos.
La investigación es por la adjudicación de contratos para obras públicas en Santa Cruz a Austral Construcciones y otras empresas de Báez por 46.000 millones de pesos, durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
La causa se inició a partir de la denuncia del actual director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.
En total se relevaron 52 contratos con irregularidades, sobreprecios y pago de sobornos a las empresas de la familia Kirchner, según el dictamen fiscal.
Las denominadas causas “Hotesur” y “Los Sauces” quedaron a cargo de Ercolini. En la primera, el magistrado debe definir las situaciones procesales de Cristina Fernández y los demás imputados. En la segunda, la ex mandataria y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, están procesados por asociación ilícita.
Esas causas cerrarían el circuito de corrupción entre el Estado y las empresas de la familia Kirchner.
