Los fiscales Gerardo Pollicita y Gerardo Mahiques pidieron el cierre de la instrucción de la causa Hotesur y su elevación a juicio oral y público.
De esta manera, ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner; sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez serían sometidos a juicio, si el juez federal Julián Ercolini coinciden con el dictamen de los fiscales.
La causa investiga presuntas maniobras de lavado de dinero, por 80 millones de pesos, por el alquiler, a través del alquiler de habitaciones de hoteles pertenecientes a la familia Kirchner, por parte de la empresa Austral Construcciones.
“Con una gran cantidad de fondos en poder de las empresas de Lázaro Báez, que mensualmente cobraban del Estado Nacional, el esquema de blanqueo consistió en que los ex presidentes adquirieran un grupo de hoteles –Alto Calafate, Las Dunas, y La Aldea-, los pusieran a disposición de la maniobra, para que su administración y explotación fuera ejercida por una empresa pantalla, Valle Mitre, que se encargaría de recibir el dinero ilícito proveniente de las empresas de Grupo Báez”, explicaron Pollicita y Mahiques, en el dictamen elevado al juez.
Los fiscales concluyeron que la familia Kirchner recibió fondos “a través del negocio hotelero, bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que les permitía declarar sus ganancias ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco, “ocultando su verdadero origen”.
En la causa también están procesados y serían elevados a juicio oral y público, Romina Mercado, presidenta de Hotesur e hija de Alicia Kirchner; el empresario inmobiliario Osvaldo Sanfelice; el contador Víctor Manzanares; Adrián Berni, César Andrés, Ricardo Albornos, Edith Gelves, Patricio Arandia, Emilio Martín, Jorge Bringas, Julio Mendoza, Martín Jacobs, Alejandro Ruiz, y Oscar Leiva.
“Los planes criminales llevados adelante por esta organización criminal no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de los empresarios amigos, que de esta forma se enriquecían gracias a los vínculos trazados”, sostuvieron los fiscales, en el dictamen elevado al juez Ercolini.
Pollicita y Mahiques recordaron que el 80 por ciento de los contratos de obra pública entregados por Estado Nacional entre 2003 y 2015 quedaron en manos de las empresas de Báez. Los fiscales dieron cuenta de que, luego, se estableció un circuito que “permitió canalizar regularmente fondos desde las empresas a favor de una actuaria como sociedad anónima, cuya función en el esquema de blanqueo diseñado consistiría en recibir dinero proveniente del delito precedente y aplicarlo al negocio de la hotelería”.
