El fiscal federal Guillermo Marijuan requirió la elevación a juicio oral del detenido empesario Lázaro Báez y de sus cuatro hijos, Martín, Leandro, Luciana y Melina. También, de Federico Elaskar, ex dueño de “La rosadita”; del contador Leonardo Fariña; de Fabián Rossi, ex marido de la vedette Ileana Calabró, y de Walter Zanzot, socio de la empresa de aviación Top Air S.A., entre otros.
El requerimiento se produce en el marco de la causa en la que el dueño de “Austral Construcciones” y los demás están procesados por “lavado de activos”. La investigación alcanza a la ex presidenta Cristina Fernández y al ex ministro de Planificación Julio De Vido y tiene detenido a Báez desde abril de 2016.
Marijuan hizo la presentación hoy ante el juez federal del caso, Sebastián Casanello. Se trata de un requerimiento parcial ya que todavía están bajo investigación nuevas maniobras de lavado de dinero y varios imputados.
“En estos días el juez va a dar por terminada la instrucción y resolverá la elevación a juicio oral. Es una causa que tiene prioridad porque tiene detenidos”, apuntó el fiscal, en declaraciones a radio Mitre.
En su dictamen de 500 carillas, Marijuan, uno de los mencionados para ocupar la Procuraduría General de la Nación, consideró probado el lavado de activos a través de una ingeniería montada por los Báez y los 25 imputados, entre ellos el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Perez Gadín.
Fariña y Elaskar están acusados de trasladar y expatriar el dinero no declarado y Top Air sería la empresa de aviación que trasladaba el efectivo desde Santa Cruz hacia la ciudad de Buenos Aires.
Por ahora, el monto involucrado en la causa es de 60 millones de dólares.
El caso se inició en 2013, tras la declaración pública de Elaskar y Fariña en el programa “PPT”, de Jorge Lanata, en la que admitieron que trasladaban y expatriaban dinero no declarado de Báez. El dueño de la ex financiera SGI no volvió a aparecer en cámara y el ex marido de Karina Jelinek terminó declarando como “arrepentido” en la causa y forma parte del programa de “testigos e imputados protegidos”.
(Con información de Télam)
