El fiscal Jorge Di Lello requirió el cierre de la investigación y la elevación a juicio oral del ex vicepresidente Amado Boudou en la causa en la que está procesado por “peculado” en la rendición de viajes cuando era ministro de Economía.
La presentación fue realizada por Di Lello ante el juez de la causa, Ariel Lijo, que deberá tomar la decisión.
En el caso se investiga la malversación de fondos públicos a través de la “presentación de declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos”. Además de Boudou, están procesado el ex jefe de Gabinete del Palacio de Hacienda Guido Forcieri y su ex secretario privado, Héctor “Cachi” Romano.
El ex vicepresidente fue condenado a cinco años y diez meses de prisión el 7 de agosto último, en la denominada “causa Ciccone” .
“La conducta imputable a Amado Boudou, Héctor Romano y Guido Cesar Forcieri consiste en haber presentado declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos”, sostuvo el dictamen de Di Lello, publicado por el portal Infobae.
“Amado Boudou era la autoridad máxima a la que se le entregaban los gastos eventuales y sobre quien recaía la obligación de rendir cuentas de esos gastos”, agregó.
Los fondos, “destinados a solventar imprevistos, como alquiler de vehículos y de espacios de reuniones”, se asignan a la máxima autoridad de la comitiva y la rendición debe contener los correspondientes comprobantes de los gastos efectivamente realizados durante el viaje.
En su declaración indagatoria, Boudou aseguró que desconocía las facturas presentadas y que no estaba “dentro de sus funciones ocuparse de esas cuestiones logísticas”.
“Jamás llevé dinero, ni recibí facturas, ni las tramité de los gastos eventuales. Para esto, existe una estructura de ceremonial y secretaría privada que se ocupa de estas cuestiones. No estoy diciendo que exista el hecho que se me imputa, sino simplemente que aún en el improbable caso de ser cierto, yo soy ajeno al mismo, ya que existe una estructura de confianza administrativa, como en cualquier ente u órgano”, alegó el ex vicepresidente.
Di Lello consideró que cada uno de los funcionarios imputados “tuvo un rol directo en la comisión del delito imputado, ya que todos revisten la calidad de autor que requiere la norma y tienen su deber especial, que fue infringido con la actuación individual en cada formulario que se suscribió o en cada nota en donde se solicitaban los gastos en cuestión”.
