El fiscal Álvaro Garganta pidió elevar a juicio oral y público la causa contra el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y varios integrantes de su gobierno por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso real con tráfico de influencias, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas.
Al ex mandatario bonaerense y actual diputado del Frente para la Victoria está acusado de ser el instigador de las negociaciones incompatibles con la función pública y el tráfico de influencias.
La investigación se originó por una denuncia de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, por lavado de activos. Sin embargo, la investigación se centró sólo en presuntas irregulares en las contrataciones realizadas para la construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA) de la provincia de Buenos Aires y la “sustracción” de fondos públicos mediante la simulación de gastos para eventos que no fueron acreditados, entre otros.
El requerimiento del fiscal incluye al ex ministro de Salud Federico Alejandro Collia, al ex titular de Aguas Bonaerenses Guillermo Scarcela, al ex jefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez, entre otros ex funcionarios de Scioli, en la provincia de Buenos de Aires. En total, la causa tiene 39 acusados.
Tras el pedido fiscal, la jueza de Garantías Marcela Garmendia debe resolver si clausura la instrucción y eleva el caso a juicio.
“Deberíamos imaginar un debate a mediados del año que viene. Mi impresión es que no debería haber inconvenientes. Según me dijo el fiscal, es un trabajo que se hizo seriamente, que tiene información suficiente para elevar a juicio y se encontraron elementos para abrir otra causa”, estimó Julio Conte Grand, procurador general de la provincia de Buenos Aires.
“Es un juicio con muchas partes y mucha prueba oral, así que puede llevar varios meses. El tiempo es absolutamente aleatorio”, agregó, en declaraciones a radio Mitre, tras conocerse el pedido de Garganta.
Entre otros hechos, se investigó la adjudicación de nueve obras públicas, por más de 117 millones de pesos, al empresario Ricardo Miller, dueño de Miller Building International S.A., para la construcción y ampliación de ocho sedes para las Unidades de Pronta Atención (UPA). Según la acusación del fiscal, existe una relación personal y comercial entre Scioli y Miller. Incluso, el empresario habría entregado dádivas.
Según consta en la causa, Miller le alquiló y compró un terreno a Scioli donde se estaba construyendo un complejo hotelero ubicado en Villa La Ñata. La operación de compra se produjo en 2017, por 3.850.000 de dólares.
