La conducción del Partido Justicialista (PJ) que encabeza José Luis Gioja apeló esta mañana la intervención del partido, ordenada ayer por la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, a través de una medida cautelar.
“Hemos presentado la apelación y la hemos pedido con efecto suspensivo para que, automáticamente, cese esta intervención hasta la resolución de fondo”, indicó Patricia García Blanco, apoderada del PJ, en diálogo con la prensa.
José Luis Gioja, el presidente desplazado del PJ, denunció “un fallo político” y García Blanco aseguró que “no hay fundamento jurídico para esta intervención”.
“No hay ninguna cuestión administrativa para intervenir el partido. Es un fallo político. El partido está normalizado, tiene sus autoridades elegidas desde 2016 a 2020 y están firmes por la misma jueza”, apuntó.
Servini deberá decidir en los próximos tres días si concede suspensión de la intervención planteada por el PJ intervenido.
Si la rechaza, la instancia revisora es la Cámara Electoral. “Eventualmente, la Corte. No descartamos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación del tratado de derechos políticos y sociales, y sería la primera vez que un partido político recurre a ese tribunal por sus derechos”, indicó el abogado del PJ, Eduardo López.
Tras la resolución de Servini, que ordenó la intervención del PJ y designó al dirigente sindical Luis Barrionuevo como interventor, Gioja resistió la decisión judicial en la sede del partido, ubicada en Matheu 130.
“Se encerró en una oficina, no quiere hablar y dice que van a apelar”, denunció ayer por la tarde Barrionuevo, que entonces presentó una denuncia por desacato al fallo judicial.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó el allanamiento y desalojo horas después y, alrededor de las 21, Gioja se retiró del edificio.
“El fallo no tiene ningún tipo de fundamento jurídico. Se basa en que perdimos tres elecciones, que es cierto, pero no es materia judiciable. Otro, es que estamos peleados, que hay corrientes internas”, apuntó López.
Servini hizo lugar a una medida cautelar requerida por los dirigentes sindicales Carlos Acuña, que actualmente es uno de los tres secretarios generales de la CGT; Oscar Rojas y Horacio Valdez, que pidió que declare “el estado de acefalía”.
La magistrada estableció que “el interventor designado tendrá como misión la de producir los actos necesarios tendientes a la normalización partidaria”. Barrionuevo también deberá realizar un “inventario de los bienes muebles e inmuebles” e informar sobre la “situación económico financiera de la entidad”.
(Con información de Télam)
