El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió hoy al juez federal Claudio Bonadio que la ex presidenta Cristina Fernández sea llamada a declaración indagatoria y que se disponga la inhibición de sus bienes, el retiro del pasaporte y la prohibición para salir del país, por el supuesto encubrimiento a Irán en la causa del atentado terrorista a la AMIA.
El dictamen de Pollicita alcanzó también, con el mismo complemento de inhibición de bienes, retiro de pasaportes y prohibición de viajar al exterior, al ex canciller Héctor Timerman; su ex vice Eduardo Zuain; su ex directora legal Susana Cerutti; y los ex consejeros Luciano Tanto Clement y Holger Martinsen.
De acuerdo a Pollicita, “la conducta reprochada a los nombrados y por la cual se solicita se los convoque (…) resulta constitutiva de una grave violación a los derechos humanos” y afirmó que este supuesto accionar de los implicados constituyó “un delito de lesa humanidad”.
El representante del Ministerio Público señaló que los acusados fueron parte de un “plan criminal orquestado”, según Pollicita, por Fernández de Kirchner y Timerman. El fiscal además aseguró que las maniobras ilegales contaron con la colaboración de ex funcionarios y allegados a los gobiernos de Argentina e Irán. En este sentido, Pollicita menciona al dirigente social Luis D’Elía, al ex piquetero y ex subsecretario de Tierras y Hábitat Luis D’Elía; al ex jefe de Quebracho Fernando Esteche; el ex fiscal y ex juez Héctor Yrimia; el intermediario argentino con Irán, Jorge “Yussuf” Khalil; y el presunto espía Allan Ramón Bogado.
Según Pollicita, el Memorando de Entendimiento celebrado entre el gobierno de argentino y el de la República Islámica de Irán “respondía a los intereses de las autoridades iraníes”.
El fiscal sostuvo en su resolución que el acuerdo firmado entre ambos países tenía como objetivo lograr “un acercamiento que apuntaba a intensificar las relaciones a nivel de Estado a Estado”, y que las “acusaciones que la justicia argentina había formulado hacia los nacionales iraníes como autores del atentado se presentaban como un obstáculo que debía ser resuelto”.
En cuanto a los presuntos delitos perpetrados, Pollicita sostuvo que “el encuadre legal prima facie aplicable es el de grave violación a los derechos humanos por tratarse de un encubrimiento por favorecimiento personal agravado por tratarse el hecho precedente de un delito de lesa humanidad y por la calidad de funcionarios públicos”.
Y añadió que las conductas atribuidas a los imputados también “podrían tener encuadre típico bajo las figuras de impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La denuncia contra la actual candidata a senadora, y ex Canciller tiene su origen en la denuncia formulada por el fallecido fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, por entonces titular de la Unidad Fiscal AMIA.
“Lejos de procurar justicia, (el Memorando) estaba destinado a obstruirla e impedirla, siendo en realidad el medio escogido por los gobiernos involucrados para materializar el plan de encubrimiento que buscó brindar ayuda para dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní”, indicó Pollicita.
Ahora, la decisión de citar a Fernández de Kirchner, Timerman y a los otros imputados, la tiene el juez Bonadio. El magistrado también tiene a su cargo una investigación por “traición a la patria” contra la ex presidenta y su entonces ministro de Relaciones Exteriores y Culto.
(Con información de DyN)
