El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó con prisión preventiva, por asociación ilícita y violación de secretos, a siete acusados por la filtración de información secreta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Entre los procesados está el empresario Leandro Rodríguez, dueño de “ADL Solutions”, quien fue acusado como supuesto jefe u organizador de la asociación ilícita que sustraía datos confidenciales de la AFIP para venderlos mediante su empresa.
El juez también procesó y dispuso que sigan presos otros seis acusados, entre ellos empleados del organismo recaudador con embargos de diez millones de pesos para cada uno.
“De manera sistemática y coordinada, proporcionaron datos secretos del referido organismo a cambio de diversas sumas de dinero que eran distribuidas entre distintos agentes, a un grupo de empresas que giran con el nombre ADS”, sostuvo el magistrado en su resolución.
En la investigación se consideró probado que la información se vendía mediante reportes de datos financieros.
La causa se inició por una denuncia de la AFIP luego de que el 27 de agosto pasado el diario Página 12 publicara información sobre el blanqueo de capitales de parte familiares del presidente, Mauricio Macri.
Canicoba Corral procesó con prisión preventiva a los empleados de AFIP Sebastián Karamanian, Martín Del Quadro y Alejandro Adduci; al asesor financiero Daniel Courmanian; al empresario Rodríguez y a sus empleados, Pablo Degano y Marcelo Vecchio.
“Los funcionarios públicos se valían de sus cargos en la administración y/o de sus conocimientos técnicos especializados en materia informática, para desarrollar herramientas informáticas que les permitían acceder a información confidencial, sin dejar rastros de sus accesos e, incluso, hacerlo de manera remota”, sostuvo el juez.
Canicoba Corral acusó a Rodríguez de apoderarse “ilegítimamente de los datos y, a sabiendas de ello, ofrecerla y comercializarla en el mercado, compartiendo entre los miembros de la organización los beneficios económicos que percibía la empresa”.
El juez ordenó el allanamiento de sucursales de los bancos Santander Río y Galicia para abrir siete cajas de seguridad a nombre del empresario Rodríguez y de otros de los acusados.
