El presidente de la Nación, Mauricio Macri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmaron hoy la inclusión de la llamada “ley de barras” en el temario para el período de sesiones extraordinarias del Congreso, que se extenderá hasta el 21 de diciembre.
“Todas las contravenciones pasan a ser delitos penales. Lo que hay que erradicar es un modus operandi alrededor de las canchas. Todos aquellos que no pueden entrar tienen que ir tres horas antes y entonces no van a poder estar alrededor del estadio provocando violencia”, explicó la ministra en declaraciones radiales, que precisó que el año que viene en registro de derecho de admisión llegará a 5.000 personas.
“No puede ser que la policía acompañe a los micros de los violentos. Esto, que se hizo tradición en la Argentina, lo queremos erradicar, si no es el mundo del revés”, agregó Bullrich.
El proyecto del Poder Ejecutivo fue presentado en agosto de 2016 y volverá a ser representado en estos días, luego los disturbios e incidentes que se produjeron en la previa de la final suspendida entre River y Boca por la Copa Libertadores.
La iniciativa tiene 15 páginas y establece un “régimen penal especial en materia de espectáculos futbolísticos”. “El objetivo del proyecto apunta a la persecución penal y al desfinanciamiento de dichos grupos para que vean disminuidas sus posibilidades de acción”, describe la iniciativa presentada el 9 de agosto de 2016, que será representada para su debate antes del 21 de diciembre.
El proyecto modifica la ley 23.184, de 1985, entre otras. “Es evidente que ha quedado en algunos casos desnaturalizada y en otros no resulta adecuada para enfrentar la problemática actual. Es voluntad de este nuevo gobierno enfrentarla y hacerse cargo de recuperar las condiciones de tranquilidad, orden y seguridad necesarias a fin de que la sociedad recobre el hábito de disfrutar de un deporte tan arraigado en la idiosincracia del país”, agrega.
Algunos de los delitos penales tipificados en la nueva normativa no gozan del beneficio de la “probation”, por lo que tendrán su sentencia en juicio oral y público. Las acciones abarcan a todos los espectáculos futbolísticos, “nacionales e internacionales”, partidos amistosos y entrenamientos.
El proyecto prescribe, además de las penas de prisión, la inhabilitación para concurrir a “todo tipo de espectáculo futbolístico”, de seis meses a cinco años. En caso de que alguno de los dirigentes de un club cometa alguno de los delitos se impondrá una multa a la institución de cinco a 20 “unidades fijas”. Además, el Ministerio de Seguridad tendrá la potestad de prohibir la concurrencia de “aquellas personas que puedan poner en riesgo la seguridad pública o infringir la ley”.
La nueva normativa incrementa en un tercio las penas previstas para los delitos tipificados, siempre que el máximo no supere lo previsto en el Código Penal.
El proyecto pena la violación del derecho de admisión, la portación e introducción al estadio de armas, instrumentos contundentes, artefactos químicos, de pirotecnia, inflamables, asfixiantes o tóxicos o “cualquier otro elemento inequívocamente destinado a intimidar, ejercer violencia o agredir”.
“La pena será de dos a seis años de prisión”, establece la iniciativa, que extiende la condena de uno a tres años de cárcel para los “protagonistas y organizadores que consintieren guardar” las armas o elementos destinados a provocar agresiones.
Para los que provoquen disturbios, amedrenten o presionen al resto de los asistentes a la cancha se establecen penas de dos a seis años de prisión, agravado por la utilización de armas.
La reventa de entradas será reprimida con un mes a un año de prisión. Si la comercialización se realizara en las inmediaciones del estadio o interviene un organizador o barra brava, ascenderá al doble.
Para los cuidacoches o “trapitos” se dispone una pena de uno a seis meses de prisión, si no pide una suma fija, y de dos a cuatro años cuando la exija.
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