El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 4 rechazó el pedido de excarcelación de Lázaro y Martín Báez solicitada ayer, en el marco de la causa denominada “la ruta del dinero K”.
El dueño de Austral Construcciones y su hijo alegaron que en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, donde están detenidos preventivamente, son espiados por las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia.
El empresario detenido y su hijo habían pedido ayer su excarcelación, por segunda vez desde que la causa llegó a juicio oral, bajo el argumento de que se sienten espiados en el penal de Ezieza.
El pedido había sido formulado por las defensas de los Báez luego de que trascendieran supuestas desgravaciones de escuchas telefónicas realizadas sobre el teléfono público del penal de Ezeiza, donde se encuentran detenidos.
Integrado por Néstor Costabel, Gabriela López Iñiguez y Adriana Paliotti, el TOF Nº 4 sostuvo que los pedidos de Báez padre e hijo y del contador Daniel Pérez Gadin están inspirados en supuestos y no están relacionados con la causa por la que están siendo investigados.
El tribunal recordó que hay un pedido de excarcelación, realizado por los imputados al inicio del juicio, que está pendiente de resolución por parte de la Cámara de Casación Penal.
Los Báez y otros 23 imputados están siendo sometidos a juicio oral por presuntas maniobras de lavado de dinero.
Lázaro y Martín Báez fundaron el pedido de excarcelación que hicieron ayer en las escuchas que aportaron como prueba las dirigentes de la Coalición Cívica Mariana Zuvic y Paula Oliveto, en la denuncia de una supuesta “operación política” contra el fiscal federal Carlos Stornelli.
La parlamentaria del Mercosur y la diputada nacional pidieron que se investigue si los ex funcionarios kirchneristas Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi, detenidos en el penal de Ezeiza, forman parte de la maniobra para desprestigiar al fiscal a cargo de la denomina “causa de los cuadernos”.
En la documentación aportada a la justicia, habría transcripciones de comunicaciones telefónicas desde la cárcel en los que Baratta y Schiavi que demostrarían que ambos estaban a cargo de la denuncia de extorsión contra Stornelli.
