El Superior Tribunal de Justicia (STJ), una tercera instancia penal de Brasil, redujo hoy por unanimidad de 12 años y un mes a 8 años y 10 meses de prisión la condena por corrupción contra el líder opositor y ex presidente Luiz Inácio Lula da SIlva, que podría acceder al arresto domiciliario a partir de setiembre próximo.
Los cuatro ministros de la sala quinta de la corte penal rechazaron los planteos de nulidad, ilegalidad, inconstitucionalidad y falta de pruebas presentado por la defensa de Lula y le confirmaron la condena. “No esperaba nada de este juicio porque lo que quiero es un juicio justo”, dijo Lula al recibir el fallo, comentó el diputado Emidio de Souza, quien lo visitó en prisión. Sin embargo, al ex mandatario le dieron la reducción de la pena en el caso conocido como “triplex de Guarujá”, por un departamento en el litoral del estado de Sao Paulo que, según el fallo que lo llevó a prisión, obtuvo como parte de una coima. Lula cumple la pena desde el 7 de abril de 2018, algo que le impidió competir a las elecciones de octubre pasado, para las cuales figuraba como favorito en las encuestas.
El Superior Tribunal de Justicia no desestimó los argumentos del juez de primera instancia que condenó a Lula, Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia y Seguridad de Jair Bolsonaro, ni del tribunal de Porto Alegre que corroboró y amplió la condena. El fallo fue dado por los jueces Félix Fischer, Reynaldo Soares, Jorge Mussi y Navarro Ribeiro Dantas, quienes habían sido cuestionados por la defensa de Lula a raíz del sorpresivo momento para tratar el caso.
El proceso corresponde a la condena al líder del Partido de los Trabajadores (PT) por supuestamente poseer en forma oculta un departamento de la empresa OAS, contratista de Petrobras, en la playa de Guarujá.
El STJ no analizó las pruebas del proceso, en el cual el propio Moro reconoció que no hay vínculos entre la corrupción en Petrobras y este departamento atribuido a Lula, pero resolvió que hubo “hechos indeterminados” que lo llevaron a esa convicción.
Lula también está condenado en el caso de una quinta en Atibaia, Sao Paulo, reformada por Odebrecht y OAS, propiedad de su amigo Jaco Bittar, que también se vincula con favores en contratos durante su presidencia.
Lula afirma que es un preso político y que el Lava Jato se enfocó en el PT para evitar su candidatura a la presidencia. En ese marco inscribe el paso del popular juez Moro a la política activa, al haber accedido como ministro de Justicia y Seguridad Pública de Jair Bolsonaro. Además, el fallo de la quinta sala también bajó de 4 millones a 700.000 dólares la multa que había ordenado la cámara de apelaciones de Porto Alegre.
Lula se encuentra detenido en una sala, en prisión solitaria, en la Policía Federal de Curitiba, estado sureño de Paraná, a raíz de que todos los casos vinculados a Petrobras fueron tratados por Moro, que inició el caso Lava Jato.
El ex presidente ya está cursando el décimotercer mes de la pena y saldría en el mes 17 en el régimen semi-abierto, es decir, que podría estar en su casa y dormir por la noche en un centro penitenciario con un sexto de la pena cumplida. Ahora, la defensa planea apelar ante el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país.
(Télam)
