La Corte Suprema de la Nación declaró inconstitucional la educación religiosa obligatoria en Salta. El máximo tribunal falló en contra de esta materia en los colegios de la provincia y además invalidó la obligación de los padres de manifestar si desean que sus hijos reciban “educación religiosa”.
La inconstitucionalidad tuvo los votos de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Según consigna el Centro de Información Judicial (CIJ), Horacio Rosatti consideró que la ley es constitucional y exhortó a la provincia a que elimine los ritos religiosos en las aulas. El quinto integrantes de la Corte, Carlos Rosenkrantz, se abstuvo porque cuando se promovió la acción de amparo en contra de la materia él integraba la Asociación por los Derechos Civiles, coactora en estas actuaciones.
Entre sus fundamentos, la Corte señaló que “en numerosas escuelas públicas de la provincia de Salta se enseña y practica la catequesis de un solo culto (el católico apostólico romano) y ello es discriminatorio y afecta la privacidad de los alumnos”.
Asimismo, “se puede afirmar que la norma cuestionada, al incluir la educación religiosa en horario escolar, dentro del plan de estudios y con el aval de la respectiva autoridad religiosa, favorece conductas discriminatorias hacia los niños y niñas que no integran el grupo religioso predominante ni ningún otro, generando, de este modo, mayor desigualdad”.
El máximo tribunal también cuestionó que los chicos y sus padres se vean obligados a reconocer públicamente sus ideas religiosas y sostuvieron que esto abre “una grieta en el sistema de derechos fundamentales” y “viola el derecho a la intimidad”.
La Corte hizo hincapié en el principio de “neutralidad religiosa” y explicó que, si bien en la Constitución se prevé el sostenimiento del culto católico, este solo se limita a un apoyo económico. Los magistrados también apuntaron que las bases de la educación son delineadas por el Estado nacional “teniendo en cuenta la convivencia pacífica y el diálogo entre distintas religiones y filosofías de vida”.
El conflicto se inició hace siete años, cuando un grupo de madres y padres inició una acción de amparo en contra de la educación religiosa obligatoria que se imparte en Salta. La materia tenía el respaldo de las autoridades educativas de la provincia y del gobernador Juan Manuel Urtubey.
