Más allá del impacto político, el denominado “caso de los cuadernos” empezaría a tener repercusiones económicas ya que afectaría las inversiones, el crédito y los contratos en el sector de la construcción y podría hacer peligrar la obra pública acordada a través del sistema de Participación Público Privada (PPP).
No obstante, el juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti relativizó los “efectos económicos en el corto plazo a raíz de investigaciones judiciales”.
“La moralidad en las relaciones entre el sector público y el privado es un activo para el desarrollo de la economía y los negocios. No hay tal disyuntiva”, consideró el ministro del Máximo Tribunal, en declaraciones formuladas tras la conferencia inaugural de las XI Jornadas de Derecho Judicial, realizadas en la Sociedad Científica Argentina.
Rosatti estimó que la causa a cargo del juez federal Claudio Bonadio, que investiga una red de corrupción entre ex funcionarios de la gestión kirchnerista y empresarios, puede generar “incentivos para la inversión genuina”.
“Las inversiones sustentables, aquellas que buscan un clima de seguridad y previsibilidad jurídica, se afincan en los países que combaten sistemáticamente la corrupción y el narcotráfico”, consideró el juez de la Corte Suprema.
“En los países culturalmente desarrollados, el combate sistemático a la corrupción y el narcotráfico, la vigencia de la división de poderes y el respeto por la independencia judicial, constituyen los mayores incentivos para la inversión genuina”, agregó.