La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado dictaminó ayer a favor del pedido de allanamiento realizado por el juez Claudio Bonadio en tres domicilios de la senadora de Unidad Ciudadana Cristina Fernández, en el marco de la causa que investiga una presunta asociación ilícita entre ex funcionarios de la gestión kirchnerista y empresarios para el desvío de fondos destinados a obras públicas.
Los miembros de la comisión, en cambio, rechazaron el operativo en el despacho de la ex mandataria en el Senado.
A pedido de los senadores del Frente para la Victoria, los miembros de la comisión pidieron a Bonadio que envíe, antes de la sesión especial, el oficio con los fundamentos del pedido de allanamiento.
La sesión especial para tratar el requerimiento del magistrado en el recinto está convocada a las 11, luego del intenso debate sobre el proyecto para legalizar el aborto.
El interbloque Cambiemos aceptó la petición del Frente para la Victoria de incluir en el dictamen la solicitud a Bonadio.
“El oficio de Bonadio no tiene los requerimientos legales previstos en el artículo 224 del Código Procesal y tampoco establece cuáles son las oficinas”, sostuvo la senadora del Frente para la Victoria Anabel Fernández Sagasti, según el sitio Parlamentario.com.
“Nuestra posición es no entorpecer a la Justicia”, planteó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, del PRO. No obstante, coincidió en que, en el caso del allanamiento de un despacho, Cambiemos exigirá que a partir de ahora los fundamentos del pedido y que dos legisladores oficien de veedores.
En efecto, el requerimiento de Bonadio no especificó las direcciones de los domicilios a allanar. Uno está ubicado en Uruguay 1306/1310, piso 5°, de la Ciudad de Buenos Aires; Mascarello 441, en Río Gallegos, y Padre de Agostini y Los Tehuelches, en El Calafate, según indica el dictamen.
“La mayoría del pueblo entiende que estamos ante una investigación poco seria. Si cedemos a esta medida, abriremos una puerta muy peligrosa y bajaremos el estándar republicano”, consideró Fernández Sagasti. “No hay nada que ocultar, solo queremos que se respeten las garantías constitucionales”, agregó.
