El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento de la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, en la causa en la que se la investigó por el supuesto manejo arbitrario de ese organismo.
La causa había sido desestimada en un comienzo por el juez, a instancias del fiscal federal Franco Picardi, pero la Cámara Federal porteña ordenó luego que se investigara si “pudo haber existido un actuar arbitrario configurativo de abuso de poder” por parte de la titular de la OA para beneficiar a funcionarios del Gobierno nacional.
A la denuncia de Echegaray se le anexó luego otra del referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CETEP) Juan Grabois, en representación del dirigente Emilio Pérsico, quien aseguraba haber sido elegido a dedo dentro de un gran universo de “incumplidores” que no habían presentado declaraciones juradas ante la OA durante su paso por la función pública.
En ese punto Martínez de Giorgi descartó “abuso de poder por parte de la máxima autoridad de la Oficina Anticorrupción, destinado a beneficiar o no accionar en determinados casos, en desmedro de las finalidades propias del organismo”.
Asimismo el juez sostuvo que no existe ninguna norma que obligue a ese organismo a constituirse como parte querellante en todos los casos en los que interviene de algún modo.En ese punto citó una presentación espontánea en la que la propia Alonso subrayó que la decisión de la OA de presentarse o no en los distintos expedientes es una facultad reservada a su titular basada en criterios reglados normativamente, determinados por la significación institucional, económica o penal.
Tras esa consulta, concluyó que “ninguna de las causas en trámite informadas, con objetos procesales que respondan a los indicadores aportados, fueron iniciadas por denuncia de la OA, y su titular tampoco solicitó constituirse como parte querellante en ellas”.
(Con información de Telam)