El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó una investigación contra la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, a partir de la información publicada por el sitio Letra P, según la cual el organismo contrató durante 2017 y 2018 a la consultora de comunicación Consuasor, vinculada al PRO.
La causa quedó bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello, que comenzó a ejecutar algunas de las medidas de prueba encargadas por Stonelli.
El expediente se inició a partir de la denuncia por presuntos negocios incompatibles con la función pública, malversación de caudales e incumplimiento de funciones presentada el 17 de julio por el abogado Leonardo Martínez Herrero, en base a la información periodística publicada.
La Oficina Anticorrupción habría contratado a Consuasor por 990.000 pesos anuales. La consultora pertenece a Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giúdice y los contratos figuran a nombre de ellos.
“Para disimular el vínculo comercial, Alonso extendió un contrato a los dos únicos dueños de esa consultora, Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giúdice, por un monto mensual de 44000 pesos y 38.500 pesos, respectivamente”, indicó la nota de Letra P, en la que está basada la denuncia.
Entre otras cuestiones, Consuasor no podría haber sido contratada por el Estado porque mantenía deudas con el Fisco y ofrece servicios a empresas incompatibles con contratistas de la administración pública. Otras de las irregularidades sería que, además de Liprandi y Giúdice, empleados de la consultora trabajaban para la O.A. y no tenían contratos ni estaban registrados por el organismo.
