La Fiscalía Federal de Río Grande pidió la detención de 26 militares en la causa que, desde hace más de una década, investiga a oficiales y suboficiales por torturas y otros crímenes que sufrieron conscriptos argentinos durante la guerra de Malvinas en 1982.
El fiscal federal de la ciudad fueguina de Río Grande, Marcelo Rapoport, con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, requirió la detención y declaración indagatoria de 26 militares respecto de 22 hechos de vejámenes. Es la primera vez que en esta causa se piden detenciones por hechos que, para el fiscal Rapoport, constituyen “crímenes de lesa humanidad” cometidos como “parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra jóvenes reclutados y trasladados a la guerra del Atlántico Sur”.
Entre los oficiales y suboficiales de diverso grado militar requeridos por la Fiscalía, el de mayor rango es el general retirado Omar Edgardo Parada, uno de los jefes militares para los que pidió sanciones por su actuación en Malvinas el Informe Rattenbach, elaborado poco después de finalizado el conflicto.
En una entrevista periodística en 2012, el ex jefe del Ejército Martín Balza recordó esas recomendaciones de la Comisión que encabezó el general Benjamín Rattenbach y agregó -como veterano de la guerra de 1982- que en Malvinas “el general Omar Parada no fue a visitar nunca a su tropa a Pradera del Ganso. Su tropa combatía allí”.
En la acción penal impulsada por el fiscal Rapoport se investigan delitos cometidos en la isla Gran Malvina, “específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú” que encabezaba el Regimiento de Infantería 5, dependiente de la III Brigada de Infantería, cuyo jefe era Parada.
Según consta en la presentación de la Fiscalía, las autoridades militares con asiento en las islas habrían ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura -entre ellos, los conocidos “estaqueamientos” y “enterramientos”- como forma de controlar las alegadas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa, fundamentalmente, de la falta de abrigo y comida.
“Los hechos del caso constituyen crímenes contra la humanidad y, por esa razón, están alcanzados por una norma del derecho internacional (ius cogens) que desde tiempo antes de su comisión, establece la imprescriptibilidad de este tipo de delitos”, indicó la fiscalía.
El expediente se originó en 2007 con la presentación de más de 20 testimonios de ex soldados conscriptos reunidos por Pablo Vassel, en esa época secretario de Derechos Humanos de Corrientes, quien formuló una denuncia ante la Justicia Federal. “De estos 23 testimonios originales, los soldados me manifestaron haber sido víctimas de torturas o testigos de torturas a sus camaradas y varios me referían la muerte por hambre de tres soldados correntinos”, dijo hoy Vassel a Télam. “Presenté esta investigación en abril de 2007 en el Juzgado Federal de Río Grande, bajo el eje de memoria, verdad y justicia, y también, el eje de soberanía, porque un juez argentino intervenía con competencia sobre territorio argentino en Malvinas, por crímenes cometidos contra soldados argentinos”, explicó.
Así comenzó la investigación que sumó ya más de 120 testimonios y muchos casos de víctimas de distintos regiones del país que se fueron sumando a la denuncia original.
En octubre del año pasado, la Comisión Provincial de la Memoria bonaerense, que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, se presentó como parte querellante, dentro de una iniciativa conjunta con el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim-La Plata) que ya es querellante en el mismo expediente. “Le planteamos claramente al secretario del juzgado que la única responsabilidad de que este caso siga impune es de la Justicia Federal de Río Grande, porque existe abundante prueba testimonial y documental a partir de la desclasificación de archivos de la dictadura producida en 2015, como para producir al menos las indagatorias”, afirmó por entonces Ernesto Alonso, referente del Cecim. Según Alonso, en la causa hay 105 hechos de torturas denunciados y 95 militares mencionados por su presunta responsabilidad en esos hechos.
