Los estudiantes de los colegios porteños tomados, nucleados en la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB), decidieron hoy levantar las tomas, como “gesto simbólico” ante una reunión que mañana tendrán con las autoridades del Ministerio de Educación de la ciudad. Además, evalúan presentar un recurso de amparo para que se aplace la implantación de la reforma educativa.
Ofelia Fernández, presidenta del centro de estudiantes del colegio Carlos Pellegrini, le dijo a Diario Vivo que, en asamblea, los estudiantes decidieron levantar las tomas como hecho “simbólico” ante la reunión que mañana tendrán en la cartera de educación porteña. Este encuentro será con menos participantes que la de la semana pasada, ya que la ministra Soledad Acuña convocará a los dirigentes estudiantiles por “regiones”, de acuerdo a la ubicación de los establecimientos. Fernández adelantó que rechazarán esta forma de convocatoria, a la que consideran una forma de dividir al movimiento estudiantil.
Fernández también dijo que “las tomas no avanzaron en lo material, pero sí en lo simbólico”. “Ahora en vez de hablar de la reforma y de las tomas queremos que se hable solo de la reforma”, dijo la estudiante del Carlos Pellegrini, y adelantó que evalúan presentar un recurso de amparo, y convocar a una mesa pedagógica para debatir sobre la reforma educativa.
Sin embargo, Fernández explicó que el levantamiento de las toma funcionará como un “cuarto intermedio”. La estudiante advirtió que de no haber avances en las negociaciones y no se acuerde una prórroga en la reforma educativa, en dos semanas podrían volver a tomar los colegios.
Además, criticó al fiscal de la ciudad Carlos Rolero Santurian, quien hoy sostuvo que los padres de los estudiantes que protagonizan las tomas pueden llegar a tener una “responsabilidad penal” por las acciones de sus hijos. Aunque aseguró que el tema no se trató en asamblea, Fernández expresó: “Nos parece un acto republiable judicializar la medida de fuerza”.
Más temprano, el ministro de Justicia Germán Garavano había criticado las tomas de los colegios. El funcionario afirmó que la actitud de los estudiantes constituía una “ilegalidad” y aseguró que las protestas eran llevadas adelante por un “porcentaje mínimo” del total de los alumnos.
