La jueza en lo Contencioso Administrativo Patricia López Vergara hizo lugar a una medida cautelar presentada por el legislador porteño Mariano Recalde y el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, para limitar y controlar el accionar de las fuerzas de seguridad durante la jornada de hoy en el Congreso.
Entre otras medidas, la magistrada ordenó al Ministerio de Justicia y Seguridad porteño que informe por escrito cuántos efectivos y qué patrulleros estarán abocados al operativo y dónde estarán ubicados. Además, dispuso que “el personal policial no lleve armas de fuego” y que utilice balas de goma y herramientas antitumultos como último recurso.
“La posta de goma y el material químico anti-tumulto sólo deberá ser utilizado como último recurso, a una distancia que minimice posibles consecuencias nocivas sobre los manifestantes”, dispuso López Vergara.
Además, la jueza impidió que haya efectivos de seguridad no identificados. “Se prohíbe la utilización de vehículos y personal de civil no identificado”, ordenó.
La jueza pidió filmaciones de todo el accionar y el operativo policial y que “se evite la dispersión innecesaria y se concentren los detenidos en una misma dependencia, de ser posible”.
La magistrada aludió a los “episodios de elevada violencia que tuvieron como protagonistas a las fuerzas de seguridad y los ciudadanos, grupos sociales y gremiales”, en referencia a la represión del jueves pasado, durante el primer intento de aprobar el proyecto para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria.
“Surge acreditada con entidad suficiente la probabilidad exigida para la concesión de medidas de seguridad”, argumentó la magistrada.
“Una vez más ha quedado expuesto el fuerte sesgo de clase que estas protestas delatan recurrentemente. Ahora, ante la vulnerabilidad de los sectores de los jubilados y de nuestros mayores, así como de aquellos que perciben la Asignación Universal por Hijo, quienes se hallan casi en los bordes periféricos de la humanidad de la sociedad”, evaluó la magistrada.
