La Cámara de Diputados avanza en un proyecto para aprobar una ley que impide presentarse como candidato a las personas condenadas por delitos de corrupción.
El proyecto, redactado por las diputadas Silvia Lospennato, Elisa Carrió y Brenda Austin, ya tuvo dictamen favorables en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia. Ahora, la iniciativa sería media sanción el próximo miércoles 29, en el límite del cierre de las sesiones extraordinarias.
En diálogo con Diario Vivo, Lospennato destacó que el proyecto fue acompañado por todos los bloques salvo el kirchnerismo y la izquierda. Desde el Frente para la Victoria señalaron que la ley podría ser declarada inconstitucional en un futuro.
Sin embargo, Lospennato descartó esta posibilidad y afirmó que el proyecto tiene una “base constitucional indubitable”. La diputada de Cambiemos afirmó que la iniciativa se apoya en el Pacto de San José de Costa Rica, en el cual se establece que una de las posibles restricciones para una candidatura es la existencia de condena. “Sumado a eso la Argentina suscribió dos convenciones anticorrupción, que seguro el kirchnerismo desconoce. Una es la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la ONU de lucha contra la corrupción”, argumentó Lospennato.
“Además tenemos el artículo 36 de la Constitución que define los delitos de corrupción como atentados a la democracia”, agregó la legisladora del PRO por la provincia de Buenos Aires. Lospennato también recordó que las personas con auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cuentan con la inhabilitación que el proyecto propone ampliar.
En el tratamiento en el recinto se modificará el proyecto original y se detallará que la condena debe ser dictada por un tribunal colegiado, esto es en la instancia de un juicio oral. Los delitos que abarca la iniciativa son cohecho y tráfico de influencias, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude contra la administración pública.
Lospennato resaltó que el proyecto plantea “regular las candidaturas y el ejercicio de cargos publicos, prevenir los delitos de corrupción y penarlos”. “Llegado el caso que se apruebe nos pone en la misma línea de la legislación brasileña”, añadió.
