La Cámara Federal porteña dictó hoy la falta de mérito para el detenido ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, y para el ex funcionario de esa cartera, Roberto Baratta, quien recuperará su libertad, en una causa por la compra de buques con gas licuado.
El fallo de la Sala I de la Cámara Federal, a pesar de beneficiar a De Vido, no tendrá efecto sobre su privación de la libertad: el diputado del Frente para la Victoria también tiene una prisión preventiva en la causa Río Turbio, en la cual está procesado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
A favor de la falta de mérito de De Vido y Baratta votaron los camaristas Martín Irurzun y Jorge Ballestero, en tanto que Leopoldo Bruglia se diferenció de l apostura de sus colegas.
En este expediente se investiga el millonario pago de subsidios al gasoil para empresas de colectivos calculados en base a informes sobre kilometraje de las unidades que, para Bonadio, fue adulterado.
Los camaristas dictaron además la falta de mérito para 24 procesados por el juez federal Claudio Bonadio, entre ellos el ex secretario de Energía, Daniel Cameron; Roberto Dromi y su hijo José Roberto Dromi, responsables de la empresa investigada “Dromi San Martino Consultores SA” y a ex funcionarios de Enarsa.
En el fallo cuestionaron duramente una pericia del ingeniero David Cohen y criticaron a Bonadio por haberla usado como prueba fundamental a la hora de detener a Baratta y De Vido y procesar a todos los imputados. Además le ordenaron realizar una nueva pericia de manera urgente, entre otros puntos a investigar, con intervención de todas las partes.
“La imputación formulada contra las diversas personas procesadas en autos se edifica en pilares que carecen de la más mínima solidez, mediante la confección de un peritaje comprometido con la búsqueda de la verdad”, advirtió el camarista Ballestero. Al caerse el peritaje “se derrumba con igual fuerza el escenario montado” por Bonadio para fundamentar los procesamientos.
En la investigación -abierta por denuncia de un particular, Juan Ricardo Mussa, como presidente de la ONG “Paso por Paso Argentina”-, se apunta a la compra de cinco millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2015, que arribaron a los puertos de Bahía Blanca y Escobar.
Según la denuncia se habrían pagado precios superiores a los de mercado con un perjuicio económico para el Estado calculado en 6.995.926.798 dólares.
(Con información de Télam)
